El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, aseveró que no le temblará la mano a la hora de separar a los malos funcionarios involucrados en actos de corrupción en el sistema penitenciario, así como imponer sanciones severas a internos que vulneren las normas, trasladándolos a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad.
Asimismo, enfatizó la postura de tolerancia cero ante estos delitos, en un contexto de preocupación por el grave problema de hacinamiento en las penitenciarías del país.
“No nos va a temblar la mano de separar a los malos funcionarios de INPE que estén involucrados en hechos de corrupción y a los internos que cometan también infracciones a las normas de INPE, también estableceremos las sanciones que sean correspondientes y serán trasladados a los pabellones de régimen cerrado, de máxima seguridad. Vamos a tener tolerancia cero a estos actos”, manifestó en Radio Nacional.
El ministro Martínez informó, en los últimos días, se han llevado a cabo operativos en diversos establecimientos penitenciarios del país, incluyendo los penales de Lurigancho, Castro Castro, Chimbote, Cambio Puente y Aucallama en Huaral.
Estos operativos permitieron incautar una serie de objetos prohibidos, como radios hechizas, cuchillos, armas punzo cortantes, parlantes, válvulas de gas, artefactos electrónicos y bebidas alcohólicas artesanales fabricadas en los propios penales. Estas acciones buscan eliminar las facilidades con las que las bandas delictivas operan desde dentro de las cárceles, agregó.
Precisó que estos controles forman parte de un paquete de medidas que se implementarán en los 69 establecimientos penitenciarios del país. Una de las principales acciones será la creación de pabellones de máxima seguridad en los propios penales, destinados a internos que integran bandas peligrosas dedicadas a extorsiones y otros delitos, con medidas rigurosas para impedir que continúen operando desde dentro.
Estos pabellones, ubicados en los mismos penales, tendrán restricciones en accesos, visitas y beneficios, buscando cortar los nexos con el exterior y reducir la reincidencia delictiva, precisó.
Respecto a la situación penitenciaria, el ministro resaltó la problemática del hacinamiento, ya que la capacidad de los establecimientos alcanza aproximadamente 45,000 a 48,000 internos, pero la población penitenciaria sobrepasa los 100,000, lo cual dificulta la clasificación adecuada de los internos y favorece condiciones propicias para actividades ilícitas.
Por ello, se está realizando un diagnóstico detallado para mejorar la seguridad y optimizar la distribución de internos, además de fortalecer los controles durante las visitas y aplicar sanciones estrictas a funcionarios involucrados en actos de corrupción que faciliten el ingreso de sustancias y objetos prohibidos, dijo.
El ministro de Justicia también explicó que los beneficios penitenciarios no son medidas automáticas que los internos puedan acceder tras cumplir ciertos requisitos, como haber estudiado, trabajado o demostrado elementos de resocialización. Estos beneficios se otorgan tras cumplir con las condiciones establecidas, incluyendo las condenas correspondientes, y en un trabajo coordinado con la defensa pública, añadió.
Sin embargo, aclaró que estos beneficios no aplican para los delincuentes de alta peligrosidad, quienes deben cumplir su condena en su totalidad y sin acceder a reducciones o libertades anticipadas.
Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso del Estado de actuar con firmeza y sin tolerancia frente a estos hechos, iniciando procedimientos de investigación y aplicando las sanciones correspondientes a internos y funcionarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario nacional.
(FIN) CVC
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Publicado: 18/10/2025