El Gobierno declaró el 1 de febrero de cada año como el “Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso”, en clara muestra de su compromiso con la prevención y la erradicación de este delito.
La fecha fue instituida mediante la
Resolución Ministerial N° 020-2020-TR, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, en atención a que el 1 de febrero de 1960 el Estado peruano ratificó el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual define el trabajo forzoso y establece los compromisos de los Estados parte para prevenirlo y erradicarlo.
La declaración del “Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso” busca reducir la tolerancia social ante este delito, por medio de actividades masivas orientadas a informar y sensibilizar a la población en general desde el conocimiento de su problemática, hasta la identificación de las características y factores de riesgo, así como los servicios que existen en el país para denunciarlo.
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El trabajo forzoso es considerado una forma moderna de esclavitud, constituye la vulneración de algunos de los derechos fundamentales del ser humano, como es la privación de la libertad de trabajo y el menoscabo de la dignidad humana, y se opone a la aspiración de un trabajo decente para todas y todos los peruanos.
La rectoría en materia de prevención y erradicación del trabajo forzoso recae en el MTPE, que se encuentra plenamente comprometido con enfrentar este problema público, que constituye, además, un grave delito contra la libertad de las personas, de acuerdo con el Código Penal.
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Finalmente, es preciso mencionar que el establecimiento del “Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso” fue un acuerdo unánime adoptado en la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que preside el MTPE, y se encuentra alineado con la implementación del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 015-2019-TR.
El Plan tiene por objetivo la disminución de la presencia de trabajo forzoso en el país, mediante la incorporación de acciones articuladas, intersectoriales e intergubernamentales, entre las cuales está la prevención, con el fin de reducir la tolerancia social ante este delito.
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