Nueve países reforzaron la coordinación laboral regional para enfrentar los desafíos económicos y promover la justicia social, informó hoy el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tras liderar el foro virtual “Avanzando hacia la Justicia Social en la Región” en el marco del Día Mundial de la Justicia Social.
La cartera precisó que la iniciativa busca fortalecer la agenda de trabajo decente, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos laborales en América Latina y el Caribe, con la participación de ministros de Trabajo, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros actores clave.
El encuentro se desarrolló a las 10:00 horas y se enmarca en la Declaración Ministerial por la Justicia Social, suscrita el 4 de abril de 2025 en Lima por Paraguay, Guyana, Ecuador y Perú, y ampliada posteriormente con la adhesión de Barbados, Brasil, Guatemala, Panamá y República Dominicana durante la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT.
Según el MTPE, el compromiso establece principios para priorizar la justicia social en las políticas de desarrollo, promover el empleo inclusivo, fortalecer la formación profesional y consolidar el diálogo social como pilares del crecimiento sostenible.
Durante el foro se presentaron avances en materia de empleo, capacitación, protección social y diálogo social por parte de los países firmantes, así como acciones alineadas con la Coalición Mundial por la Justicia Social y el relanzamiento de nuevas adhesiones gubernamentales.
La jornada incluyó las palabras del director general de la OIT, Gilbert Houngbo, mediante mensaje en video; de la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Moreira Gomes; y del titular del MTPE.
Asimismo, intervinieron ministros y viceministros de Guatemala, Guyana, República Dominicana, Barbados, Paraguay, Brasil, Panamá y Ecuador.
El cierre estuvo a cargo de la directora de la Coalición Mundial para la Justicia Social, Sana de Courcelles.
El ministerio destacó que el foro reunió a funcionarios públicos, representantes de empleadores y trabajadores, miembros de la academia y de la sociedad civil, y se consolidó como un espacio de intercambio técnico y político sobre empleo, desigualdad y cohesión social.
Finalmente, los países participantes reafirmaron su compromiso de impulsar un contrato social renovado que coloque el trabajo decente y la justicia social en el centro de las políticas públicas frente a los desafíos laborales y económicos de la región.
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(FIN) NDP/JAM