Señaló que, a diferencia de los tanques de GLP -que cuentan con una válvula que corta el llenado al 80%- los cilindros de GNV no tienen ese mecanismo, por lo que no existe control efectivo sobre el volumen cargado.
Según Manfredi, si la válvula se deteriora pueden producirse fugas. A diferencia del gas natural, que es más liviano que el aire y tiende a disiparse hacia arriba, el GLP es más pesado y se concentra al ras del suelo.
“Cualquier chispa puede generar una deflagración o incluso una explosión”, alerta.
Además, el regulador de presión de un sistema GNV está calibrado para recibir gas a una presión muy superior a la del GLP. Utilizarlo sin modificar el equipo puede provocar fallas mecánicas, ahogar el motor y agravar el riesgo operativo.
“No es solo colocar un adaptador. Habría que desmontar el sistema completo e instalar uno nuevo de GLP”, aclara.
Emergencia ante escasez de GNV
La emergencia se originó tras una deflagración en el ducto de líquidos en Megantoni, Cusco, lo que obligó a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) a suspender temporalmente el transporte de combustible. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en estado de emergencia el suministro de gas natural del 1 al 14 de marzo del 2026 para priorizar servicios esenciales.
En ese escenario, miles de taxistas -principalmente usuarios de GNV- enfrentan sobrecostos al migrar temporalmente a gasolina.
Manfredi estima que cada conductor puede perder entre 60 y 70 soles diarios, lo que multiplicado por el parque automotor afectado representa un impacto económico millonario. Sin embargo, insiste en que el riesgo de una explosión supera cualquier ahorro momentáneo.
Infracción grave
El especialista también advierte que las estaciones de servicio pueden identificar fácilmente si un vehículo GNV intenta cargar GLP, por lo que despachar en esas condiciones constituye una infracción grave.
La recomendación es clara: ante la escasez, usar gasolina de manera temporal o no operar la unidad hasta que se restablezca el suministro de GNV.
“Entendemos la necesidad económica, pero la seguridad debe estar primero. Adaptar ilegalmente un sistema puede poner en peligro la vida del conductor, del pasajero y de terceros”, concluye.
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