Los gobiernos regionales de Ucayali (54.1 %), Lambayeque (31.3 %), Loreto (28.6 %), Áncash (24.2 %), Tacna (23.9 %) y Puno (22.8 %) lideran la ejecución de inversiones en el primer semestre del año, según el ranking del Ministerio de Economía y Finanzas.
Anthony Moreno, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, sostuvo que casos como los de Ucayali, Lambayeque y Loreto se explican, sobre todo, por la ejecución de uno o dos proyectos.
“El 50 % de la ejecución de Ucayali es explicado por el Hospital Regional de Pucallpa y la carretera Neshuya-Curimaná. En Lambayeque, el 60 % de su ejecución se debe al pago de la concesión Túnel Trasandino y Presa Limón, y, en el caso de Loreto, el proyecto del hospital de Iquitos es el 42 % de su ejecución”.
Moreno destacó que existen otros casos en los que la ejecución obedece a la gestión de una cartera más amplia, como por ejemplo Puno.
“El balance de 'Los 100 primeros días de gestión' arrojó que el Gobierno Regional de Puno ejecutó casi 400 % más que sus montos históricos debido, entre otras razones, a la aplicación de un modelo de seguimiento tipo 'delivery unit' [unidad de cumplimiento] orientada a identificar y solucionar cuellos”, indicó.
A estas primeras regiones, le siguen Ica (22.7 %), Madre de Dios (22.7 %), Arequipa (22.4 %), San Martín (21.7 %), Apurímac (20.7 %), Pasco (20.6 %), Cusco (18.7 %), Huánuco (17.8 %), Piura (16.2 %), Cajamarca (15.5 %) y Tumbes (14.5 %).
El puesto 18 en ejecución de inversiones lo ocupa la región Junín (14.3 %), seguida por Lima (12.6 %), La Libertad (12.6 %), Amazonas (12.5 %), Moquegua (12.4 %), Ayacucho (11.8 %), Huancavelica (8.8 %), Municipalidad Metropolitana de Lima (8 %) y en el último lugar Callao (6.1 %).
Razones
El docente de la Universidad Continental detalla que las principales razones de un bajo porcentaje de ejecución son una mala programación presupuestal (pasa cuando la anterior gestión programa más recursos de los realmente “ejecutables”; la pobre calidad de expedientes técnicos.
Además, por retrasos en la formulación de requerimientos, la obtención de licencias, permisos y autorizaciones; la poca capacidad logística; entre otros motivos. Todo ello, en la práctica, constituye no menos de quince pasos requeridos para concretar un pago en el Estado peruano, indicó.
“Que una entidad pública haya afinado su maquinaria administrativa-técnico-política, que haga efectivo un ‘pago’ de manera correcta y oportuna es una gran cosa. La ejecución financiera no es el indicador perfecto, pero tampoco debe menospreciarse. Menos si son poquísimas las entidades que lo han conseguido”, finalizó.
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(FIN) NDP/JOT
Publicado: 30/6/2019