Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional realizaron diligencias judiciales en las alturas de una comunidad campesina de Ayacucho para recabar información que contribuya al esclarecimiento de un caso de desaparición forzada ocurrido en 1984, en agravio de Silvestre Quispe de la Cruz.
Las actuaciones se desarrollaron en la comunidad campesina Nuevo Unión, ubicada en el centro poblado de Matarilla, distrito de Tambo. Hasta ese lugar se trasladaron los magistrados Guillermo Huamán Vargas, Víctor Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez con el fin de recoger el testimonio de una persona que habría sido detenida durante los hechos investigados.
La diligencia forma parte del juicio oral que se sigue por el presunto delito de desaparición forzada y tuvo como finalidad obtener información relevante para el esclarecimiento de los hechos materia de acusación.
Posteriormente, el colegiado se trasladó a un despeñadero situado en la jurisdicción del centro poblado de Vargaspampa, considerado durante el proceso como un punto de interés para la investigación.
De acuerdo con el Poder Judicial, este acto procesal permitió verificar directamente las características geográficas de la zona y contrastar la información aportada por los órganos de prueba incorporados al juicio.
Estas diligencias forman parte de la actividad probatoria desarrollada por el colegiado para garantizar una adecuada valoración de los hechos y contribuir al esclarecimiento de un caso ocurrido durante el periodo de violencia que afectó al país en la década de 1980.
Caso investigado
Según la acusación fiscal, Silvestre Quispe de la Cruz fue detenido el 6 de agosto de 1984 por integrantes de la ronda campesina de Acosvinchos cuando retornaba de realizar actividades comerciales. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La búsqueda realizada por sus familiares incluyó gestiones ante dependencias policiales y militares, así como denuncias presentadas ante autoridades civiles, sin obtener resultados positivos.
La Fiscalía ha calificado los hechos como delito de desaparición forzada, al considerar que existió una privación de la libertad seguida de la negativa a informar sobre el destino de la víctima. Por este caso, el Ministerio Público acusa a Elías Ccollana Canchari, a quien atribuye participación en los hechos materia de investigación.
(FIN) NDP/ETA/CVC
JRA
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Publicado: 15/6/2026