Involucrados en muerte de Edita Guerrero recibirían entre 4 y 30 años de prisión

Esposo y médicos son principales sospechosos

INTERNET/Medios

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14:07 | Lima, jul. 07.

Paul Olórtiga, esposo y presunto asesino de la cantante de cumbia Edita Guerrero, podría ser condenado hasta con 30 años de prisión de comprobarse su participación en el hecho, mientras que los médicos sospechosos de encubrirlo serian inhabilitados de por vida y sentenciados a 4 años de prisión.

El abogado James Rodríguez, al ser consultado sobre el caso, señaló que la necropsia indica claramente que se trata de una muerte causada por numerosos golpes y lesiones graves, no por un aneurisma como se dijo originalmente.

Mencionó además que los testimonios del personal que laboraba en la casa de ambos compromete la situación de Olórtegui, poniéndolo como principal sospechoso. Esas personas, dijo, son "testigos referenciales".

"Además, el esposo dice haber estado junto a Edita antes de ser internada en la clínica, lo que lo posiciona como principal involucrado en su muerte, al ser desmentida su versión gracias a la necropsia", sostuvo en declaraciones a Canal N.

Agregó  que esta muerte tiene relevancia penal, debido a la red de encubrimiento que se habría creado alrededor, la cual involucraría a parte del personal medico que atendió a la fallecida. 

"La cantante tenia 28 lesiones externas y los doctores que estaban a cargo de ella tenían la obligación ética y funcional de informar sobre sus hematomas y contusiones a la Policía, en el informe necroscópico y en el reporte médico".

En esa línea, Rodríguez comentó que de probarse todas las acusaciones, Olórtegui seria sentenciado hasta con 30 años por feminicidio y 15 años por lesiones graves.

"Mientras que  los médicos van a pasar de testigos a investigados por negligencia medica, encubrimiento real y omisión de funciones, lo que los condenaría al menos a 4 años de prisión y a la inhabilitación de toda función pública".

Finalmente, precisó que según la ley, la familia de la parte agraviada tomaría la patria potestad de los hijos de la pareja, ya que el agresor y su familia pierden el derecho al quedar probado el hecho de violencia.
 
"Se debe priorizar la seguridad de los niños apenas inicie el proceso", concluyó el abogado.

(FIN) LSC/ART


Publicado: 7/7/2014