Doce países de América Latina, entre ellos Costa Rica y Honduras, exigieron este lunes en una declaración conjunta el "cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos paramilitares".
Además de Costa Rica y Honduras, la "declaración especial sobre la situación en Nicaragua" la apoyan Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú -todos ellos pertenecientes al Grupo de Lima-, así como Uruguay y Ecuador.
Los 12 instan además a Managua a "reactivar el diálogo nacional" que "involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles" y expresan su apoyo a los obispos de Nicaragua en su trabajo "en pro de la búsqueda y promoción de soluciones al conflicto".
El gobierno de Daniel Ortega y "otros actores sociales" deben demostrar, en su opinión, su "compromiso" con resultados concretos sobre los "desafíos fundamentales del país", como "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas" en Nicaragua, según la declaración.
Desde el 18 de abril, unas 280 personas perdieron la vida en una oleada de protestas contra una reforma del sistema de pensiones que se convirtieron en un clamor para exigir la salida del poder de Ortega.
La oposición acusa a este exguerrillero de 72 años, en el poder desde 2007 y cuya esposa Rosario Murillo es la actual vicepresidenta, de instaurar una dictadura y pide anticipar a marzo próximo las elecciones presidenciales de 2021.
La declaración de los 12 países está fechada en Bruselas, donde tiene lugar hasta el martes una reunión de los cancilleres de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La situación en el país centroamericano se abordó también en el primer día de reunión, después que Chile avanzara que su canciller Roberto Ampuero llevaría el tema a la cita y la ministra de Costa Rica, Epsy Campbell, adelantara que pediría un pronunciamento del foro.
Las autoridades nicaragüenses también solicitaron la mediación de la UE, indicó a la AFP una fuente diplomática europea, para quien aceptarlo habría supuesto "una pérdida de credibilidad" ante un "régimen autocrático y cleptocrático".