La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó sancionar con penas de cárcel de 15 a 25 años a quienes accedan ilícitamente a información, datos o sistemas informáticos y amenazan con divulgar, eliminar, alterar o inutilizar dicha información a cambio de obtener beneficio económico o causar perjuicio a la víctima.
Asimismo, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años de prisión si la conducta afecta sistemas informáticos de uso público o institucional, o compromete la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.
El referido proyecto de ley, aprobado en la comisión por unánime, modifica el artículo 200 del Código Penal para incorporar los delitos de extorsión cibernética y adecuar la redacción de los delitos informáticos al Convenio de Budapest y con ello llenar un vacío legal.
El congresista Flavio Cruz Mamani (PL), presidente este grupo de trabajo, dijo que el marco penal vigente no regula expresamente la
extorsión cibernética ni las amenazas digitales derivadas del acceso ilícito a información privada, un fenómeno en aumento, según reportes del Ministerio del Interior y de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú.
“Se evidencia la necesidad de actualizar el Código Penal y la Ley N.º 30096 para incluir las nuevas modalidades delictivas surgidas con la expansión de los entornos digitales, a fin de brindar mayor seguridad jurídica y eficacia a la persecución penal de los ciberdelitos”, señaló durante la sustentación del predictamen.
Precisó el documento reúne los proyectos presentados por los congresistas Esdras Medina (RP) e Idelso García (APP), que plantean ampliar la cobertura penal frente a fenómenos como el ransomware, phishing y doxxing, que son malwares maliciosos de ataque a archivos para exigir rescate, robo de datos y contraseñas y la publicación de datos personales.
Con ello se busca fortalecer la protección de los ciudadanos, instituciones y empresas ante estas nuevas modalidades de crimen digital, con un impacto económico positivo al reducir pérdidas y fortalecer la confianza digital.
Este proyecto de ley debe ser aprobado por el pleno para entrar en vigencia
La comisión también aprobó por mayoría el dictamen que fortalece la formación, capacitación y certificación de los peritos especializados en informática forense y cibercriminalidad.
(FIN) NDP/FHG
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Publicado: 7/11/2025