La Zona Registral N° IX-Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, obtuvo la certificación ISO 37001 gracias a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, el cual promoverá una cultura de tolerancia cero ante el soborno y fortalecerá los valores éticos entre todos los miembros y usuarios de la institución.
La certificación ISO 37001 es una norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno, diseñada para ayudar a las instituciones a establecer y mantener medidas específicas para prevenir, detectar y abordar el soborno, ya sea dentro de la organización como en sus diversas actividades comerciales.
Esta importante herramienta, otorgada por la empresa alemana TÜV Rheinland®, a cargo de validar el proceso de implementación y cumplimiento, estará vigente durante los próximos tres años y podrá ser renovada, luego de una nueva evaluación.
En el caso de la Zona Registral IX-Sede Lima, la certificación ISO 37001 contempla los procesos de inscripción registral de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Personas Naturales; la publicidad registral de Propiedad Inmueble, Bienes Muebles (en los servicios de Búsqueda vehicular y Boleta informativa vehicular), Personas Jurídicas y Personas Naturales; y los procesos de soporte de Recursos Humanos, Planeamiento y Presupuesto, Administración, Comunicaciones, Tecnologías de la Información, Asesoría Jurídica y Defensoría.
Los principales beneficios asociados a la implementación de la ISO 37001 son la implementación temprana de controles financieros y no financieros, que contribuyen con la reducción del riesgo de soborno; la adhesión proactiva de proveedores y usuarios a las prácticas antisoborno y el fortalecimiento de la confianza entre las partes interesadas, circunstancias que unidas contribuyen a un mejor y más eficiente funcionamiento de la institución.
Para la Sunarp, esta certificación constituye un logro obtenido como parte del Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado en setiembre del 2018, el cual considera que los servidores públicos deben conducirse de acuerdo con principios, valores y prácticas institucionales que evidencien integridad y transparencia, en beneficio de la ciudadanía.
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