La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo que los ciberdelitos o delitos informáticos, los que son realizados en el espacio digital a través de las redes informáticas y diversos dispositivos electrónicos, pueden ser tramitados y sancionados a través de las unidades de flagrancia.
Fue al presentar el informe de la Comisión de implementación de las unidades de flagrancia en Perú durante la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que empezó en la víspera.
“La naturaleza de muchos ciberdelitos –en particular aquellos donde el imputado es sorprendido en flagrancia digital, es decir, en el momento mismo de la operación ilícita o con los medios comisivos bajo su control– los hace susceptibles de tramitarse bajo el modelo de proceso inmediato”, remarcó.
Así lo consideró al destacar que el fenómeno de la cibercriminalidad asistida por inteligencia artificial (IA) ha adquirido, en los últimos años, un perfil cualitativamente distinto al de la delincuencia convencional, a través de deepfakes y suplantación de identidad digital, así como fraude y estafa digital automatizada.
También, extorsión con contenido íntimo generado por IA, criminalidad organizada con soporte algorítmico y ataques a infraestructura crítica y sistemas institucionales, entre otros.
“Si la IA es una herramienta al servicio de la justicia, es también, con creciente frecuencia, un instrumento de la criminalidad; este es el flanco que los sistemas judiciales iberoamericanos no debemos de ignorar y que, en el sistema de flagrancia peruano, nos exige una respuesta de adaptación permanente”, dijo.
Entorno favorable
Tello Gilardi consideró, en ese sentido, que las unidades de flagrancia impulsadas por el Poder Judicial de Perú constituyen un entorno especialmente favorable para la implementación responsable de las herramientas de IA.
Ello por razones que son inherentes a su arquitectura como la concentración de operadores en un mismo espacio, estandarización de procedimientos, generación permanente y homogénea de datos procesales, y supervisión humana continua de cada decisión jurisdiccional, destacó la magistrada.
Explicó que el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y las Unidades de Flagrancia Delictiva es una experiencia que constituye uno de los esfuerzos más importantes emprendidos por Perú para fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad flagrante.
Cabe señalar que las unidades de flagrancia concentran en un solo espacio físico y funcional a los cuatro operadores críticos en la lucha contra el crimen: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú.
“En la actualidad contamos con 38 unidades de flagrancia distribuidas en el país, lo que evidencia la consolidación progresiva de este modelo como una política de alcance nacional, y como respuesta concreta para garantizar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía”, anotó.
La jueza resaltó que, en el 2025, de los casos ingresados registrados a escala nacional se alcanzó un 92.97 % de procesos resueltos, con un 92.35 % de las sentencias logradas en una primera sesión; en tanto que en el 2026 se resolvió el 90 % de los casos ingresados.
(FIN) NDP/JCC
GRM
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Publicado: 11/6/2026