El alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, presentó una denuncia ante la comisaría del distrito tras haber sido azotado públicamente por un grupo de ronderos del caserío de Hualcuy durante una asamblea comunal. El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, generó un intenso debate sobre los límites de la justicia comunal y el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la autoridad edil, la
sanción fue promovida por el presidente de las rondas, a quien acusa de haber actuado de manera prepotente y con fines políticos. “Lamento la actitud de algunos dirigentes que se han politizado. No todos son así, pero este castigo ha sido arbitrario y humillante”, declaró Quinde a su salida de la comisaría.
El alcalde explicó que el motivo de la sanción fue su presunta falta de apoyo con un equipo de sonido para el aniversario de las rondas campesinas. “He apoyado siempre a las rondas, incluso con orquestas y premios, pero esta vez el proveedor del sonido no cumplió. No fue mi culpa. Aun así, me castigaron por algo absurdo”, afirmó.
Durante la asamblea, los ronderos colocaron al alcalde sobre una banca de madera y le aplicaron azotes en los glúteos ante decenas de asistentes. Tras la sanción, el propio Quinde se dirigió a los presentes y aseguró: “Yo no le he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores han sido de otras personas que no cumplieron”.
Pese al incidente, el burgomaestre señaló que aceptó el castigo “por respeto a las costumbres comunales”, aunque posteriormente formalizó su denuncia contra los presuntos agresores. “Hoy he denunciado a los responsables y llegaré hasta las últimas consecuencias. No se puede permitir que se politicen nuestras rondas ni que se vulneren los derechos de nadie”, enfatizó.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre los alcances y límites de la justicia ronderil en el país. Mientras algunos sectores defienden estas prácticas como parte de la identidad comunal, otros advierten que deben existir mecanismos de coordinación con las autoridades para evitar abusos y garantizar el respeto a la dignidad de las personas.