El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que el Poder Ejecutivo propone la modificación del Código Penal para castigar penalmente las conductas previas al delito de extorsión, lo que permitirá al Estado intervenir desde el primer acto de amenaza y actuar "con la máxima fuerza" para proteger a las víctimas.
Fue durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, donde el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez sustentó el pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.
El ministro enfatizó que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, y que la ley vigente solo sanciona cuando el criminal recibe el dinero. Sin embargo, las amenazas "empiezan mucho antes", incluso desde el primer contacto con la víctima.
Por ello, el sector Interior plantea modificar el Código Penal (Decreto Legislativo 635) para incorporar tipos penales autónomos que sancionen las conductas previas a la consumación del delito, comprendidas en el proceso extorsivo que abarca:
-La puesta en contacto con la víctima.
-La formulación de la demanda económica.
-Las acciones de presión o amedrentamiento.
-Las etapas de negociación.
"Desde el momento en que un criminal amenaza para pedir dinero sin esperar que lo reciba, el Estado podrá actuar con la máxima fuerza. Esto nos permitirá intervenir más rápido y prevenir daños mayores", afirmó Tiburcio.
Avances presentados
Además, durante su participación en la sustentación del pedido de facultades legislativas, Tiburcio recordó que bajo la actual gestión se han desarticulado 18 organizaciones criminales, más de 1600 bandas delictivas, capturado más de 9000 requisitoriados e incautado 803 armas de fuego.
Otras propuestas normativas
El ministro destacó la necesidad de modificar el Código Penal para tipificar el delito de revelación de información reservada en investigaciones policiales o fiscales.
Subrayó que esta práctica expone a las víctimas de extorsión a represalias, por lo que propone crear un tipo penal específico y asegurar la separación definitiva del cargo a fiscales, jueces o policías que incurran en esta conducta.
Finalmente, Tiburcio también planteó incrementar las penas por resistencia o desobediencia a la autoridad y restringir la suspensión de la ejecución de la pena en casos agravados. La propuesta eleva la pena a un rango de 5 a 8 años, con el fin de garantizar una respuesta penal efectiva.
(FIN) ETA/CVC
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Publicado: 24/11/2025