En la madrugada del 30 de abril, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo con el fin de combatir el fenómeno de la explotación humana, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Así, el Equipo 01 de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima con el apoyo de fiscales especializados de Violencia contra la Mujer, Anticorrupción, Crimen Organizado, Medio Ambiente y equipos de la Unidad de Victimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público ejecutaron -junto a agentes de la División de Investigación de Tráfico ilícito de Migrantes de la PNP– diligencias simultáneas en Lima y Chimbote, durante las cuales se realizaron allanamientos y descerrajes en 12 inmuebles.
Además, se detuvo preliminarmente –por el plazo de 7 días– a dos presuntas explotadoras sexuales de adolescentes y tres presuntos clientes de dicha explotación humana.
Asimismo, se incautaron 10 celulares, 3 laptops, 7 libros de registro de huéspedes, 2 USB, 2 tarjetas de crédito, 1 boucher, 2 chips, 1 computadora, 3 tarjetas de memoria, 1 cámara fotográfica, 1 DVR y 360 soles en efectivo, que permitirán reunir las evidencias suficientes para requerir un castigo ejemplar a tan execrables delitos.
La fiscal Miluska Romero, titular del Equipo 01 de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, destacó que en este operativo se abordó el ciclo completo del delito de explotación humana, pues por primera vez se allanan domicilios y se detienen a presuntos clientes de la explotación de adolescentes.
“Este operativo es muestra del compromiso del Ministerio Público de dar un abordaje integral a la explotación humana y la trata de personas. Buscamos demostrar que la lucha contra estos delitos no solo se realiza persiguiendo a los tratantes y explotadores sino a los clientes también”, indicó.
El Ministerio Público reitera su firme convicción de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; así como velar por la recta y efectiva administración de justicia.