El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Pati, sostuvo que las resoluciones de ese organismo constitucional autónomo son legales y administrativamente vinculantes mientras no sean anuladas judicialmente.
En un comunicado, dijo que, en un Estado de derecho, los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competentes, pudiendo acudirse a los mecanismos procesales si se cuestiona su validez.
“Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano”, indicó.
Precisó también que la nulidad de oficio declarada por la JNJ es un ejercicio legítimo de autotutela administrativa y no constituye avocamiento indebido ni usurpa funciones jurisdiccionales, pues se limita a corregir actos viciados dentro del ámbito administrativo.
“La JNJ anuló su destitución por vulneración al debido proceso y, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley N.º 27444, restituyó la situación jurídica previa, en la que era fiscal suprema y fiscal de la nación, mismas condiciones que debían restaurarse”, refiere.
Sostuvo que dicha resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente, e indicó que la demanda de amparo presenta al Poder Judicial no suspende sus efectos, debe ser acatada.
“La JNJ reafirma su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la garantía de procedimientos disciplinarios imparciales, motivados y ajustados al marco constitucional y legal vigente”, asegura.
(FIN) FHG/JCC
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Publicado: 20/6/2025