La empresa estatal Activos Mineros ejecutó más del 100% de su presupuesto anual durante la última década, sumando una inversión histórica superior a los 1,100 millones de soles en remediación de pasivos, sostuvo su gerente general, Antonio Montenegro.
–¿Cuál es la situación de la empresa Activos Mineros y qué presupuesto manejan?
–La situación de la empresa Activos Mineros, desde el 2006, es de constante incremento en la ejecución. El 2024 ejecutamos 185 millones de soles y durante los últimos 10 años superamos el 100% de nuestro presupuesto, generando seguridad ambiental con la recuperación de las áreas afectadas por la minería ancestral, lo cual es importante. Hay que separar las etapas de intervención: Activos Mineros nace con la idea del Estado de recuperar las áreas impactadas por la minería colonial y republicana, así como todos los pasivos ambientales que generaron un impacto significativo.
–¿Cómo intervienen?
–A la empresa Activos Mineros se le encarga que coadyuve a los procesos de promoción de la inversión privada, es decir, recuperamos áreas impactadas, demostramos que es posible devolver situaciones similares a las que tuvo la naturaleza antes de la intervención y demostramos que la actividad minera es fácilmente cohabitable con actividades como la ganadería, la agricultura, el turismo y otras más.
–Algún caso emblemático…
–A partir del 2006, realizamos intervenciones importantes, como el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que generó grandes impactos de plomo que inclusive motivaron litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y arbitrajes internacionales. El Estado, a principios de este año, inició el último proyecto de la zona rural de La Oroya, con lo cual se ha culminado la recuperación de más de 2,500 hectáreas en esa zona, transformándolas en bosques altoandinos. En la zona urbana, tuvimos que realizar una remediación muy atípica para una convivencia entre la población, el desarrollo urbano y la recuperación ambiental.
–¿Cómo se eligen las zonas donde interviene Activos Mineros?
–Intervenimos por encargos especiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante convenios específicos. La caracterización y priorización la decide la Dirección General de Minería del Minem. Entonces, la zona donde se interviene es determinada por una caracterización cuyo objetivo central es identificar cuáles pasivos representan un mayor riesgo para la población y el ecosistema.
–¿Cuánto es el monto de inversión ejecutado por Activos Mineros hasta la fecha?
–Tenemos una ejecución histórica que supera los 1,100 millones de soles que el Estado ha invertido desde el 2006 hasta ahora, con cerca de 1,200 pasivos ambientales intervenidos y recuperados, que están involucrados en 26 proyectos totalmente terminados en Pasco, Junín, Cajamarca, Áncash y la sierra de Lima, entre otros.
–¿Qué beneficios adicionales se puede obtener con la remediación que desarrolla Activos Mineros?
–Brindamos un desarrollo importante a la investigación. Por ejemplo, en Pasco hemos convertido una antigua base militar antisubversiva en un centro de investigación tecnológica donde recibimos a la academia y a delegaciones internacionales de países como Alemania, Corea, Japón y Australia, con las que compartimos conocimientos en materia de remediación ambiental. Esto es importante porque desarrollamos una perspectiva para cuantificar el retorno de la inversión ambiental, demostrando que no es solo un gasto. Incluso, implementamos, con la Universidad Cayetano Heredia, una metodología de estudio de retorno de la inversión ambiental en el tiempo y demostramos que se habrá recuperado, para el 2030, lo invertido en Pasco.
–¿Las intervenciones de Activos Mineros siempre contemplan la revegetación y reforestación de las áreas impactadas?
–Dependerá mucho de la naturaleza. Por ejemplo, en La Oroya urbana no se puede sembrar solo césped porque es una ciudad y hay pistas y veredas, por lo cual tengo que darle un concepto distinto alineado con el crecimiento urbanístico.
Pero en las zonas rurales de La Oroya se puede desarrollar un bosque donde había contaminación, como lo hemos hecho con la recuperación de más de 2,500 hectáreas. El Perú es un referente en la remediación de pasivos ambientales, y el Estado tiene iniciativas que silenciosamente desarrolla y demuestra que es posible recuperar las áreas que antes fueron impactadas y disturbadas por la minería.
–¿Activos Mineros solo interviene por encargo del Ministerio de Energía y Minas o puede realizar labores de remediación a una empresa privada?
–Tenemos la limitación constitucional, es decir, no podemos tener actividad principal, solo un papel subsidiario como empresa del Estado, aunque es cierto nos han buscado por la experiencia que hemos ganado.
–Se lo preguntaba porque, en el marco de la formalización de la pequeña y mediana minería, las empresas de este tipo no tienen la capacidad para la remediación ambiental, por lo cual podrían convocar a Activos Mineros para esa labor…
–Hace aproximadamente un mes participamos en un taller desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros en Trujillo, donde intervinieron también diferentes entidades vinculadas con la actividad de formalización. Pero todavía no tenemos un encargo específico respecto a la minería ilegal, aunque técnicamente estamos desarrollando estructuras para estar preparados en el momento en que se nos llame para intervenir.
DATOS
Activos Mineros SAC es una empresa pública, bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que se encarga de realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud, la seguridad humana y el ecosistema.
En el Perú existen actualmente 6,026 pasivos ambientales mineros, de los cuales 1,194 se encuentran a cargo de la empresa estatal Activos Mineros SAC (AMSAC).
La cartera actual de AMSAC comprende 65 proyectos distribuidos en 11 regiones del país (Cajamarca, La Libertad, Ica, Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Tacna, Apurímac y Puno), en distintas etapas de avance.
Los proyectos de Activos Mineros SAC benefician a más de 237,000 personas, mediante la recuperación de suelos, protección de fuentes de agua y reducción de riesgos ambientales.