Las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido afirmaron que la condena contra los responsables por el asesinato de cuatro líderes indígenas peruanos en 2014 representa un "paso importante en la lucha contra la impunidad" y en el reconocimiento del rol de las comunidades nativas en la protección del medioambiente, en una declaración conjunta publicada este viernes.
Los cuatro países consideraron que la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de dictar 28 años y 3 meses de cárcel a los cuatro responsables del crimen, contribuye a fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú.
En ese sentido, esperan que se avance hacia su implementación efectiva, según la declaración compartida en la red social X.
También expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con quienes trabajan por la justicia y la defensa del bosque amazónico.
Igualmente, destacaron que la sentencia haya sido leída en español y en lengua asháninka, propia de la comunidad a la que pertenecían las víctimas.
Sentencia
El pasado lunes, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la región amazónica de Ucayali dictó la sentencia de segunda instancia contra los acusados por el homicidio calificado con alevosía en agravio de los líderes asháninkas Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima.
Los condenados a 28 años y 3 meses de prisión por el crimen de Saweto son los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos, así como Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores.
Además, el juzgado incrementó la reparación civil a 400,000 soles (114,000 dólares o 98,000 euros) en favor de los deudos, el doble de la cifra considerada en primera instancia.
Emboscada
"Según la acusación fiscal, el 1 de setiembre de 2014, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas", apuntó el Ministerio Público tras la sentencia en primera instancia emitida el año pasado.
Esta condena fue obtenida como parte de un nuevo proceso judicial iniciado en noviembre de 2023, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia por 28 años y tres meses contra los imputados obtenida en primera instancia por el Ministerio Público.
Desde inicios de 2008, Chota denunciaba constantemente la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali.
En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían a la comunidad de Apiutxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia asháninka, para reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal.