La Defensoría del Pueblo destacó la sentencia en el conocido como caso Saweto, al constituir la primera condena firme en un caso de asesinato de defensores de derechos humanos en nuestro país y exigió que se agilicen los procesos por casos similares en el sistema de justicia.
La Corte de Ucayali ratificó 28 y 3 meses de prisión efectiva contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta por homicidio calificado, en calidad de autores mediatos; y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix como coautores, en agravio de los cuatro líderes asháninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto.
"Para la Defensoría del Pueblo, si bien esta sentencia es histórica y marca un hito en la trayectoria judicial de nuestro país a favor de personas defensoras de derechos humanos, también llama a la reflexión de los operadores de justicia sobre la necesidad de agilizar los procesos para que la demora de casi una década no se repita en otros casos similares", indica.
Los sentenciados fueron condenados por el delito de tortura y asesinato de los dirigentes indígenas Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintísima Meléndez, ocurrido el 2014.
Además, como parte de la sentencia se dispuso un incremento sustancial de casi el doble de la reparación civil que había sido fijada en primera instancia, lo que deberá pagarse a los deudos.
"No obstante, al encontrarse en calidad de prófugos, se requiere que la Policía Nacional del Perú (PNP) intensifique las labores de ubicación y captura con el fin de dar con el paradero de los autores del crimen", refiere.
Otros casos
De acuerdo al reporte de casos de crímenes de líderes indígenas de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad existirían otros 23 casos de asesinatos similares ocurridos en los últimos once años que también esperan una decisión final por parte de la administración de justicia, a fin de que no queden impunes.
Uno de ellos es el caso del al defensor ambiental Alfredo Ernesto Vracko Neunschwander, quien fue asesinado el 2015 tras enfrentarse a mineros ilegales que invadieron zonas forestales en el distrito de Inambari, en Madre de Dios.
Además, en el mismo distrito, el 26 de julio último fue asesinado Hipólito Quispehuamán Conde, quien era integrante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata y denunció la presencia de minería ilegal en la zona de amortiguamiento del área protegida.
Estos son solo dos de los 23 casos de personas defensoras ambientalistas y de pueblos indígenas, cuyos casos también esperan justicia.
"Desde la Defensoría del Pueblo se continuará haciendo seguimiento para que se alcance justicia dentro de plazos razonables. Además, se continuará acompañando a los familiares de las víctimas", agrega.
(FIN) JCC/CVC
GRM
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Publicado: 26/8/2025