11:35 | Ginebra, mar. 20.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy al gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
"Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva", destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que "es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones".
También pidió al gobierno de Nicolás Maduro que no se produzcan represalias "contra ninguna persona que se haya entrevistado o tratado de entrevistarse con ellos", sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
Bachelet informó al consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, periodo en el que según la expresidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que "constituye además un inquietante factor de desestabilización regional".
"Desde junio del 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente", subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas "se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos".
La alta comisionada indicó por otro lado que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EE. UU., "pueden contribuir a agravar la situación económica".
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con por lo menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) el 2017 y otras 37 solo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente
de Venezuela.
"La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las Faes, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada", explicó Bachelet.
"También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela", prosiguió la alta comisionada, quien denunció que la "ley contra el odio" aprobada por el régimen en noviembre del 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
"La polarización está agravando una situación ya de por sí crítica", concluyó la alta comisionada, quien agregó que "es
preciso que se alcance un acuerdo para una solución política".
En respuesta al informe de Bachelet, la representación venezolana acusó hoy a EE. UU. y sus "acólitos regionales" de estar detrás de las manifestaciones violentas en el país, del ataque contra Nicolás Maduro en agosto del 2018 o del reciente apagón general en diversas ciudades venezolanas, entre otros sucesos.
"Los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición financiado desde el exterior", aseguró en su intervención en la sede europea de Naciones Unidas el embajador de Venezuela ante el consejo, Jorge Valero.
El diplomático añadió que EE. UU. "roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo, y junto a sus acólitos regionales habla de una supuesta crisis humanitaria".
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(FIN) EFE/MAE
GRM
Publicado: 20/3/2019