El ingreso de peligrosas bandas criminales, como el Tren de Aragua, sumado al mal uso de redes sociales y la inteligencia artificial para captar potenciales víctimas, entre otros factores, ha generado que la trata de personas se convierta en la segunda economía ilícita más lucrativa en el Perú, moviendo más de 1,300 millones de dólares anuales.
Fuente: Observatorio del Ministerio del Interior
Frente a esta problemática, y en el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de setiembre, la organización CHS Alternativo destacó tres acciones inmediatas que debe realizar el Estado peruano para luchar contra este delito.
En diálogo con la Agencia Andina, Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, señaló que, pese a que la ley lo exige, desde el 2017, el Ejecutivo no cumplió con rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances en la lucha contra la trata de personas.
Precisó que la Ley 29918, publicada en 2012, indica en su artículo 3 que cada año, durante setiembre, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior de turno deben acudir al Congreso de la República para informar las acciones que implementaron para combatir la trata de personas en el país, así como sus resultados.
“Lo primero que se debe realizar para solucionar el fenómeno de la trata es rendir cuentas, se necesita saber qué ha hecho estos años el Estado y cómo ha avanzado en la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas. Por tanto, es imprescindible que el presidente del Congreso convoque a las autoridades en el más breve plazo”, agregó.
Escaso presupuesto
De acuerdo con la investigación “Las Economías criminales y su impacto en el Perú”, se estima que en el país los grupos delictivos obtienen 28,875 soles anuales por cada víctima de trata de personas. Esta cifra contrasta con los 0.12 céntimos de sol por persona que invierte el Estado peruano cada año para rescatar y atender a las personas afectadas.
Por esa razón, una segunda medida, agregó Aguilar, es aumentar el presupuesto público destinado a la lucha contra la trata de personas, teniendo en cuenta también que este delito afecta gravemente a la economía del país.
“A través de la taxonomía del gasto, que es la medición de cuánto se necesita para ejecutar los programas y servicios vinculados, por ejemplo, a la lucha contra la trata, se estimó que el Estado debía invertir 1,150 millones de soles, aproximadamente, en el 2022. Sin embargo, ese año solo se reportó haber ejecutado 5.2 millones de soles”, añadió.
Fuente: Observatorio del Ministerio del Interior
Más servicios especializados
Como tercera acción, el director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo indicó una serie de medidas necesarias vinculadas a la protección y la atención de las víctimas de trata.
“Las víctimas siempre son nuestra principal preocupación y creo que los 42 servicios que están programados en la política nacional son insuficientes para asegurar una verdadera recuperación de sus derechos”, enfatizó.
Precisó que estos servicios estatales fueron creados inicialmente para enfrentar distintas formas de violencia. Sin embargo, para combatir eficazmente este delito y salvaguardar a las víctimas, se necesita un mayor número de servicios integrales y especializados.
Reparaciones
“Hay una preocupación muy grande respecto a las indemnizaciones, no solamente por los montos que establece el Poder Judicial, que todavía continúan siendo muy limitados, sino también por el hecho de que el tratante nunca va a tener o va a decir que tiene la capacidad de reparar el daño causado”, sostuvo Aguilar.
En esa línea, exhortó a que la ley 31146, promulgada en el 2021, sea rápidamente reglamentada por el Ejecutivo, la cual incorpora nuevos parámetros para fijar la reparación civil para su efectivización, ya sea por subasta de bienes decomisados u objeto de extinción de dominio.