En lo que va del año, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha desarticulado 22 bandas criminales dedicadas a la trata de personas y rescató a 1,068 mujeres que eran obligadas bajo amenazas a ejercer el trabajo sexual callejero.
De acuerdo con el general PNP Carlos Malaver Odias, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim), cualquier persona puede ser víctima de este delito (niños, jóvenes, adultos u hombres), pero son las mujeres, especialmente menores de edad y extranjeras, quienes se ven más afectadas.
“Buscan adolescentes y mujeres con edad máxima de 25 años, aproximadamente. En la actualidad, en promedio, un 60 % son de nacionalidad venezolana y un 10 % colombianas y ecuatorianas. También hay un porcentaje de peruanas que no necesariamente son de Lima, sino del interior de nuestro país”, comentó a la agencia Andina.
¿Cómo logran captar a sus víctimas?
Las organizaciones o bandas criminales recurren a diferentes medios para captar a sus víctimas, como las falsas ofertas de empleo, la seducción o enamoramiento, las falsas identidades por Internet y redes sociales, el padrinazgo, entre otros.
“En uno de estos medios de captación, los tratantes prometen un trabajo formal y estable en Lima, incluso les ofrecen solventar su desplazamiento, que tiene un costo, aproximadamente, entre 15,000 a 20,000 soles, si vienen del extranjero. Todo esto para que luego ellas se encuentren prácticamente comprometidas con esta deuda”, precisó el general.
Luego de realizar el transporte de las víctimas desde sus lugares de origen, son trasladas a un domicilio o ambiente de manera temporal o permanente a cargo de terceras personas, donde son privadas de su libertad y sometida a explotación humana.
“Cuando se encuentran en suelo peruano, ven la realidad. Les quitan la documentación de identificación y las amenazan con quitarles la vida, si es que no acceden al trabajo que ellos mencionan, que es de carácter sexual, mayormente”, agregó.
¿Dónde operan?
El principal propósito es explotar a las víctimas para obtener ganancias económicas, por lo que son obligadas a realizar trabajos sexuales en muy malas condiciones, usualmente en locales clandestinos e informales ubicados en zonas donde transitan una gran cantidad de personas.
“Ellos buscan lugares propicios donde hay bastante desplazamiento de ciudadanos, donde hay aglomeración de gente, donde hay tiendas comerciales, bares y hostales, ahí es donde encuentran el espacio para poder dedicarse a estas actividades”, señaló Malaver.
Además de la explotación sexual, que ocupa entre un 70 y 80 % de estas actividades, las personas que son víctimas de este delito también hacen trabajos forzados, servidumbre, mendicidad o extracción de órganos.
¿Cómo las amenazan?
Si bien las víctimas no viven encadenadas, en la mayoría de los casos, son vigiladas constantemente por otros integrantes de la banda criminal, las acechan en las calles, ven con quiénes se contactan, revisan sus teléfonos y se aseguran de que cumplan con el pago de un determinado monto de dinero diario; de no hacerlo son sancionadas.
Además del abuso físico y psicológico, como sanción, los tratantes les quitan sus alimentos, impiden que se comuniquen con sus familiares o que salgan a las calles, encerrándolas en las casas de acogida. Asimismo, cuando tienen conocimiento de que quieren escapar o denunciar estos casos, pueden ser víctimas de homicidio.
“El encierro no es solo físico, las amenazas y la violencia también es psicológica. Lamentablemente, una vez que han ingresado a este bajo mundo es muy difícil escapar de las garras de estas organizaciones que no respetan la vida ni la dignidad humana”, subrayó el general.
¿Cómo y dónde denunciar?
Gracias a los mega operativos realizados por la Policía Nacional, de enero hasta la fecha, se ha detenido a 102 personas vinculadas a la trata de personas a nivel nacional, de las cuales el 60 % se encuentra con prisión preventiva.
Para denunciar, las personas tienen dos opciones: hacerlo por vía telefónica llamando a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior (Mininter). La otra opción es hacerlo presencialmente en la comisaría o Fiscalía más cercana.
Cabe señalar que las sanciones para la persona que incurre en este delito van a desde los 12 años de cárcel y puede agravar si las víctimas son menores de edad, alcanzando hasta 20 o 25 años de prisión.