El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en los distritos limeños de Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y San Juan de Lurigancho debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales, con el fin de continuar las acciones de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.
La medida fue oficializada mediante el
Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM, publicado en el boletín de la Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que
amplía por 60 días calendario, desde el 19 de mayo de 2026, la vigencia del estado de emergencia declarado inicialmente a través del Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM y prorrogado previamente mediante el Decreto Supremo N.° 039-2026-PCM.
La norma precisa que la prórroga también comprende diversos distritos de las regiones Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes, donde persiste el riesgo muy alto ante lluvias intensas y posibles desbordes, huaicos y afectaciones a la infraestructura pública y privada.
Según el Ejecutivo, la ampliación del estado de emergencia permitirá continuar con trabajos pendientes, principalmente labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, entrega de insumos agrarios y otras acciones destinadas a reducir los riesgos para la población.
El decreto señala que los gobiernos regionales y locales involucrados continuarán ejecutando medidas de excepción con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil y la participación de diversos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Interior y Defensa.
Asimismo, el Ejecutivo indicó que la capacidad de respuesta de varias autoridades regionales y municipales continúa sobrepasada debido a la magnitud de las emergencias asociadas a las lluvias, por lo que se requiere mantener la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.
La norma establece además que las acciones previstas serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El decreto lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto a ministros de diversos sectores vinculados a la atención de emergencias.