La Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040, un instrumento que posiciona al Perú como referente en Latinoamérica en la protección de derechos colectivos y culturales de dicha población, articula a 40 entidades de 19 ministerios, con el propósito de implementar 141 servicios públicos en beneficio de cerca de seis millones de peruanos.
Se destacó que este avance constituye un hito en la región al tratarse de la primera política nacional integral dirigida a pueblos indígenas u originarios, reconociendo su diversidad, identidad y formas propias de organización, en el marco de un enfoque intercultural y de respeto a sus derechos.
“Hoy marcamos un hito histórico: aprobamos la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, reconociendo sus derechos colectivos y garantizando que todas las voces sean escuchadas”, afirmó la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt.
Subrayó que los pueblos indígenas sostienen la diversidad cultural del país, resguardan la memoria colectiva y los saberes ancestrales, por lo que esta política reafirma su protección y proyección hacia el futuro.
Multisectorial y vinculante
La PNPI se consolida como una política de Estado de carácter multisectorial y vinculante, que articula a 40 entidades de 19 ministerios. A través de la implementación de 141 servicios públicos se busca cerrar brechas estructurales y mejorar la calidad de vida de cerca de 6 millones de peruanos pertenecientes a pueblos indígenas u originarios.
En la ceremonia también participaron el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla, así como presidentes y representantes de organizaciones indígenas de representación nacional.
La PNPI fue construida mediante un proceso de diálogo y consenso entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, mediante organizaciones representativas nacionales, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P), la Confederación Campesina del Perú (CCP).
Además, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Unión Nacional de Comunidades Aymara (UNCA).
Este proceso garantizó el derecho a la participación y a la consulta previa, permitiendo incorporar directamente las voces, demandas y propuestas de los propios pueblos, y dotando a la política de legitimidad, representatividad y sostenibilidad.