La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y el comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, sostuvieron una reunión con el propósito de coordinar acciones que permitan dotar de mayor seguridad a juezas y jueces que juzgan a organizaciones criminales.
Este encuentro se produjo luego que, en las últimas semanas, magistradas y magistrados que tienen a cargos procesos penales contra bandas y organizaciones criminales, recibieron amenazas extorsivas y contra su integridad física.
De esta manera, la Presidenta del Poder Judicial expresa su preocupación por la situación que afrontan juezas y jueces debido al trabajo que realizan en el marco de sus funciones.
Casos concretos
El último fin de semana, una banda de delincuentes dejó una caja con explosivos y amenazas dirigidas contra dos jueces de la Corte Superior de Lima, en el frontis del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.
Asimismo, semanas atrás dos jueces de paz, uno de la Corte de La Libertad y otro de la de Cañete, fueron asesinados por criminales, luego de que aquellos no cedieron a sus amenazas.
Cabe recordar, que hace unos meses los jueces integrantes del Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla, que tienen a cargo procesos complejos de criminalidad organizada, también fueron amenazados de muerte.
Precisamente, el tribunal ha impuesto drásticas penas contra organizaciones criminales, una de ellas denominada Los Michis, dedicada a la extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos, contra quienes impuso 197 condenas, entre ellas 52 cadenas perpetuas.
Por otro lado, recientemente, una fiscal de la jurisdicción de Lima Este también denunció públicamente haber recibido amenazas extorsivas por parte de una banda denominada Los Pepes de San Juan de Lurigancho.
Luego de la reunión, la titular del Poder Judicial expresó su confianza de que la Policía Nacional y el Poder Ejecutivo diseñen una estrategia con liderazgo que permita dar mayor seguridad a todos los sectores de la población que sufren la creciente inseguridad ciudadana.
Asimismo, instó a los jueces y juezas penales a emitir decisiones judiciales rigurosas y justas, acorde con el daño producido a las víctimas y a la sociedad, siempre con pleno respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.
(FIN) NDP/JCR
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Publicado: 20/10/2025