Con el fin de proteger los intereses del Estado Peruano y garantizar el cumplimiento de los pactos contractuales suscritos en salvaguarda del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT), Petroperú presentó demanda de obligación de dar suma de dinero contra Mapfre Perú Compañia de Seguros y Reaseguros.
Ello, a raíz de la negativa de la aseguradora a otorgar cobertura e indemnizar conforme establece la póliza de “Todo Riesgo para Contratistas – Retraso en la Puesta en Marcha (CAR/ALOP)” contratada por Petroperú.
La demanda que fue presentada el pasado mes de agosto ante el 14° Juzgado Civil– Comercial de Lima contempla el reconocimiento de 432 millones 800,000 dólares más los intereses correspondientes, por el retraso del Proyecto Modernización Refinería Talara debido a los impactos generados por el covid-19, que está expresamente cubierto por la Cláusula 9 (“Enfermedades Infecciosas y Lesiones Corporales”) de la Sección II de la póliza CAR/ALOP.
En el marco de la tramitación del proceso, mediante Resolución N°1 del 29 de septiembre del 2025, el Juzgado admitió a trámite la demanda de Petroperú y otorga a Mapfre Perú un plazo de 30 días luego de notificada para que cumpla con contestar la demanda.
Asimismo, dispuso notificar con la demanda y el auto admisorio a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La solicitud de notificación a la SBS y SMV fue planteada por Petroperú dada la relevancia sistémica del caso para el mercado financiero y asegurador, así como por el impacto económico de la controversia en el Estado Peruano.
El Proyecto Modernización Refinería Talara es un proyecto de necesidad pública e interés nacional (declarada por Ley N° 30130), orientado a la seguridad energética y a la producción de combustibles limpios, para la preservación de la calidad del aire y de la salud pública. Por ello, la adecuada ejecución de las coberturas contratadas y el cumplimiento de las obligaciones aseguradoras tiene un impacto directo en la gestión de riesgos del Estado y en la confianza del mercado.
El objetivo de la acción judicial es obtener el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la aseguradora y resarcir los perjuicios económicos efectivamente verificados por la paralización de la obra, la cual fue declarada de necesidad pública e interés nacional.
Petroperú reafirmó su respeto al debido proceso y a la transparencia, manteniendo su disposición a colaborar con las instituciones correspondientes.