Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia constitucional contra los integrantes de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron el informe para investigar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La denuncia fue presentada por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Foro Salud, el Colegio de Sociólogos del Perú, entre otras organizaciones.
Jorge Bracamonte, representante de la CNDDHH, sostuvo que el país enfrentaba "la crisis institucional más grave ocurrida desde el retorno a la democracia, que afecta al Poder Ejecutivo, a los poderes constitucionalmente autónomos. como el
Tribunal Constitucional y el Ministerio Público; así como a quienes se manifiestan contrarios a la mayoría del Congreso".
Gerónimo López, secretario general de la CGTP, en tanto, juzgó que en el Congreso "hay una dictadura parlamentaria del fujimorismo, que se moviliza por intereses propios y hace uso de su poder a fin de obstaculizar las investigaciones en curso, lo que atenta contra los principios democráticos del país".
La denuncia constitucional involucra a siete integrantes de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que
declararon procedente la denuncia constitucional y a los 13 miembros de la Comisión Permanente que votaron a favor de este informe y aprobaron un plazo de 15 días para las investigaciones.
La denuncia constitucional atribuye a estos parlamentarios haber contravenido la Constitución al intervenir en una causa judicial pendiente, interferir en las labores de impartir justicia constitucional y por contravenir el principio de separación de poderes.
Se incluye también en la denuncia a los congresistas Yeni Vilcatoma (NA) y Daniel Salaverry (FP), autores de la acusación constitucional, a quienes les atribuyen promover denuncias constitucionales con el propósito de obstruir la administración de justicia en las indagaciones del Ministerio Público sobre los hechos relativos al caso Lava Jato.
Consideran que estas investigaciones en el Ministerio Público involucran a la empresa Odebrecht y a diversas personas, incluyendo el partido político de uno de los legisladores que presentó la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez.
(FIN) NDP/FHG
GRM
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Publicado: 21/11/2017