La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, señaló que la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal pone al servicio de la población un sistema oportuno, eficaz y moderno para atender sus demandas de justicia.
Al participar en la ceremonia de inicio de este nuevo instrumento de administración de justicia en el Callao,
Pérez Tello sostuvo que la reforma iniciada hace 11 años está consolidando la auténtica modernización de la administración de justicia en el Perú.
“Es un gran esfuerzo del Estado para poner al servicio de la ciudadanía una nueva forma de hacer justicia. La reforma procesal penal es una realidad y está marcando un hito importante en nuestro país”, precisó.
Mencionó que el nuevo código reducirá los plazos en procesos inmediatos, mejorará la investigación y sanción de delitos, y el combate a la corrupción.
Asimismo, dijo, se ahorrarán recursos y capacitará a jueces, fiscales, defensores públicos y operadores del sistema en beneficio de la población.
Sostuvo que a la reforma se suman normas como la Ley contra el Crimen Organizado y los Decretos Legislativos 1301 que modifica el Código Procesal Penal en el proceso por colaboración eficaz y 1194 que regula el proceso inmediato en caso de flagrancia.
Acompañada del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez,
la ministra valoró de forma positiva que
el Nuevo Código Procesal Penal ya se aplique en 29 de los 33 distritos judiciales del país.
Precisamente, un reciente decreto supremo modificó el calendario de aplicación progresiva del código para culminar el proceso: en el 2018 entrará en vigencia en Lima Norte, el 2019 en Lima Este y en 2020 en Lima Sur y Lima Centro.
Derechos Humanos
En la jornada, Pérez Tello reiteró el compromiso del gobierno de defender y proteger los derechos humanos en Perú, al participar en la inauguración del 163 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima.
“El gobierno tiene la voluntad de trabajar en conjunto con el sistema interamericano de protección de derechos humanos destinado a miles de víctimas en la región, para disminuir los índices de impunidad y hacer efectiva la justicia”, expresó.
Sostuvo que Perú conoce las consecuencias de la violencia e impunidad y ello obliga al gobierno a reafirmar su compromiso con la verdad, la reparación a los afectados y la garantía de que estos hechos no se repitan.
(FIN) NDP/JCR/SMA
También en Andina:
Publicado: 3/7/2017