La minería ilegal en el Perú se ha convertido en un fenómeno que no solo afecta la economía y el medio ambiente, sino que también genera graves vulneraciones a los derechos humanos, fortalece redes criminales y pone en riesgo la gobernanza democrática del país, advirtió Nicolás Zevallos Trigoso, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.
Durante la XVI edición del Encuentro Internacional de Minería, el especialista sostuvo que las actividades vinculadas a la minería no legal han generado entornos de violencia cotidiana que afectan directamente a trabajadores, familias y comunidades enteras.
“Hay condiciones que están asociadas a la misma práctica extractiva, pero también una serie de elementos criminales como amenazas, extorsiones, secuestros y asaltos que son parte, lamentablemente, del día a día de estos espacios de trabajo”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.
Zevallos explicó que el estudio presentado en el simposio busca visibilizar cómo estas economías ilegales afectan a las personas más allá del impacto económico que generan.
“Además del económico, que es importante y sólido, también hay que pensar en las personas que están siendo afectadas por este tipo de amenazas”, indicó.
Violencia recurrente
El investigador señaló que uno de los principales hallazgos es que la violencia en las zonas de minería ilegal no es esporádica, sino permanente.
“Lo más complejo es entender que esas actividades violentas son cotidianas, son recurrentes. No son cosas que ocurren de vez en cuando, sino que es una condición a la que están sometidos de forma continua los miles de trabajadores”, remarcó.
Asimismo, precisó que la minería ilegal requiere de un ecosistema de actividades delictivas para operar.
“Identificamos por lo menos 10 tipos penales y 52 formas de violencia asociadas a la minería ilegal. Implican extorsión, secuestro, sicariato, tráfico de insumos, corrupción, trata de personas y explotación laboral”, detalló.
En ese contexto, advirtió que las comunidades indígenas y rurales ubicadas cerca de corredores mineros ilegales son especialmente vulnerables.
“No solamente les contaminan sus fuentes de agua y el entorno donde trabajan, sino que además se desplazan actores criminales que amenazan a las comunidades y extorsionan negocios locales”, sostuvo.
Expansión criminal
Zevallos añadió que el incremento del precio internacional del oro constituye actualmente uno de los principales incentivos para la expansión de estas actividades ilícitas.
“Los precios del oro son un incentivo muy importante para que estas actividades sean atractivas, no solamente para los ilegales, sino también para los criminales que encuentran en eso una oportunidad económica”, afirmó.
El especialista indicó que la minería ilegal tiene presencia en 22 regiones del país, por lo que consideró que se trata de un problema nacional y no focalizado en determinadas zonas.
Impacto en menores y medio ambiente
El especialista advirtió además que niños y adolescentes terminan expuestos a escenarios de violencia y explotación en zonas de extracción ilegal.
“Un tema muy recurrente es la trata de personas por explotación sexual, que termina teniendo a las menores como víctimas”, sostuvo.
Sobre el impacto ambiental, alertó que la contaminación de ríos y tierras se ha convertido también en un problema de salud pública y derechos humanos.
Citó como ejemplo la situación del río Nanay, en Loreto, afectado por dragas vinculadas a minería ilegal.
Respuesta regional e integral
Para enfrentar esta problemática, Zevallos consideró indispensable fortalecer el trabajo regional entre países sudamericanos debido al carácter transnacional de las redes ilegales.
“El problema no es solamente peruano, también ocupa a Ecuador, Bolivia y Colombia, porque es un circuito”, afirmó.
Indicó que una de las estrategias más efectivas es reforzar equipos especializados en inteligencia financiera y persecución penal.
“Si le golpeas al dinero, tienes la posibilidad de afectar el interés económico del actor criminal”, explicó.
Sin embargo, remarcó que la solución de fondo pasa también por generar oportunidades económicas legales para las poblaciones involucradas.
Finalmente, alertó que el 47.7 % del oro exportado por el Perú no tendría una explicación legal.
“Casi la mitad del oro que exportamos no tiene una explicación legal. Estamos ante un negocio muy rentable”, concluyó.
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(FIN) JAM
Publicado: 28/5/2026