La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, anunció que su despacho trabaja un proyecto de ley para que agresores y víctimas de violencia familiar o de género usen pulseras electrónicas que emiten una alerta cada vez que estén próximas, evitando de esta manera que el agresor se acerque a la víctima.
Explicó que, de acuerdo a la iniciativa, se trata de pulseras no llamativas, pero sí repelentes entre sí, que levantan una alerta cuando se aproximan. “Entonces, esto permitiría que efectivamente el agresor no se acerque a la víctima y así podemos prevenir también niveles de violencia”.
La titular del MIMP refirió que a veces, en los procesos de investigación, a los agresores por violencia familiar no se les da prisión preventiva. “Entonces, en el caso de que el agresor no entre en prisión preventiva, la propuesta señala que tiene que usar necesariamente grillete para que la víctima esté segura”.
“Ya tenemos la propuesta armada; la vamos a presentar al Congreso porque tiene que haber un marco legal para que los jueces actúen en esa dirección”, indicó.
La ministra Dávila dijo que el problema del feminicidio o de violencia de género es alarmante en el Perú y que la solución tiene que ser integral, pero principalmente debe enfocarse en lo preventivo.
Visitas a víctimas
En tal sentido, una de las acciones que viene realizando su sector ha sido diseñar un sistema de visitas casa por casa a las víctimas que se encuentren en grado de tentativa de feminicidio.
“Estamos activando este mecanismo porque hay evidencia internacional que demuestra que funciona, que el agresor se siente vigilado y que la víctima también se siente protegida”, refirió.
Acción de inconstitucionalidad contra ley de tenencia compartida
De otro lado, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció que alista una acción de inconstitucionalidad contra la ley de tenencia compartida aprobada por insistencia y publicada por el Congreso de la República.
“Consideramos que vulnera gravemente los derechos de los niños y, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho por explicar este tema, no se ha llegado a entender la lógica de por qué el juez tiene que ver caso por caso y abocarse a la situación específica de esa familia y de ese niño para tomar una decisión”, añadió.
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(FIN) NDP/RRC