El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, informó que el Ejecutivo asegurará la ejecución y continuidad de los principales proyectos de irrigación del país, como parte del eje de reactivación económica orientado a fortalecer la productividad y la ampliación de la frontera agrícola.
Durante su presentación ante el Congreso de la República, en el marco del pedido de voto de confianza, Álvarez destacó el rol de estos proyectos en la generación de empleo, el desarrollo regional y la transformación productiva nacional.
Detalló que se priorizará el avance de obras emblemáticas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), entre ellas Chavimochic III, actualmente en fase de procura; Majes Siguas, cuyo contrato G2G se iniciará en noviembre; así como Alto Piura y Poechos, que culminarán la selección del Estado asociado a fines del mismo mes. También continúan en ejecución los proyectos Iruro, Yanapuquio (en elaboración de expediente técnico) y el paquete Chonta–Cardos, en fase de evaluación de países interesados.
Explicó que estos proyectos contribuirán a dinamizar economías locales, generar empleo directo e indirecto y fortalecer las cadenas productivas. Además, impulsarán un uso más eficiente del recurso hídrico y promoverán el desarrollo sostenible en las regiones.
“El agua no solo es un recurso vital, sino también una herramienta de equidad territorial, competitividad agrícola y dinamismo económico. Desde el Midagri reafirmamos nuestro compromiso de garantizar su uso eficiente y sostenible, impulsando la ejecución y culminación de los proyectos hídricos que fortalecen la agricultura familiar y promueven el desarrollo de las regiones”, señaló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo.
El Ejecutivo también informó que entre octubre de 2025 y julio de 2026 se proyecta la apertura de 16 nuevos mercados internacionales para productos como banano, granada, arándano, cítricos y carne de aves y cerdo.
Asimismo, mencionó que se ampliará la cobertura del seguro agrícola, que elevará la indemnización a S/ 1,000 por hectárea, con el fin de proteger más de 2 millones de hectáreas cultivadas frente a riesgos climáticos.
Finalmente, se prevé la formalización e inscripción de 60,000 predios rurales hasta julio de 2026, lo que permitirá a los productores acceder a crédito, programas productivos y servicios estatales orientados a mejorar la inversión y la productividad.