El fiscal penal provincial de San Martín, José Santos Gomero, solicitó una pena de ocho años de prisión efectiva en contra de la alcaldesa provincial de San Martín Tarapoto, Lluni Perea Pinedo, por presuntas irregularidades en la contratación de personal en dicha comuna.
Santos Gomero precisó que el caso se encuentra en etapa de control de acusación, paso previo al inicio del juicio oral. Recordó que el caso se inició por una denuncia periodística que motivó a la Fiscalía iniciar las diligencias preliminares y, tras recabar diversos elementos de convicción, concluyó que existirían fundamentos sólidos para sostener la acusación contra la
alcaldesa de San Martín Tarapoto y llevar el caso ante el Poder Judicial.
De acuerdo con la tesis fiscal, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la contratación de dos personas cercanas a la alcaldesa de Tarapoto, quienes habrían sido incorporadas a la planilla municipal bajo cargos formales que no coincidían con las funciones que realmente desempeñaban. Se trata de Llan Jaro Ayachi Fasanando, quien fue contratado oficialmente en la Unidad de Logística, y Jorge Panduro Ramírez, registrado como asistente de mecánica.
Según el Ministerio Público, Ayachi Fasanando habría desempeñado funciones como conductor de la alcaldesa, mientras que Panduro Ramírez habría formado parte de su equipo de seguridad personal, configurándose así un presunto uso indebido de recursos públicos y una simulación contractual.
Las diligencias fiscales también alcanzaron a otros funcionarios de la municipalidad, quienes habrían participado de manera activa en el proceso de contratación, aceptando currículum vitae con información presuntamente falsa para viabilizar el ingreso de estas personas. Para la Fiscalía, este accionar no sería aislado, sino parte de un esquema organizado que buscaba eludir los controles administrativos y legales vigentes.
Estos hechos han llevado al Ministerio Público a sostener la hipótesis de la existencia de una organización destinada a cometer actos ilícitos dentro de la gestión municipal, lo que agrava la situación de los implicados. En ese sentido, la acusación fiscal comprende los presuntos delitos de banda criminal, falsedad genérica y uso de documentos privados falsos, tipificaciones que contemplan penas privativas de libertad de considerable severidad.
“El caso ya se encuentra en el Poder Judicial para el inicio del juicio correspondiente, donde los implicados deberán responder por los delitos que se les imputan”, afirmó el fiscal José Santos Gomero, confirmando que el proceso ha avanzado a una fase decisiva.
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