La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional intervinieron la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción que involucra a varios funcionarios.
La intervención se inició en las primeras horas de hoy miércoles 17 de junio.
Más de 50 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales participaron del operativo desarrollado en el Terminal Terrestre. Las autoridades
allanaron oficinas, documentación y ambientes administrativos para las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la
investigación, “se indaga una presunta organización criminal tipo Red Criminal”, señala la resolución judicial; las pesquisas incluyen a funcionarios y servidores públicos vinculados al caso.
Según la Resolución Judicial N.° 003-2026, la investigación comprende al alcalde de Juliaca, Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, al gerente Hardy Meyer Quispe Lipa y otros funcionarios. Las imputaciones permanecen en fase preliminar de investigación.
El Ministerio Público investiga presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Las diligencias buscan determinar la existencia de responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.
La resolución judicial sustenta las intervenciones simultáneas en oficinas públicas y domicilios particulares. Los allanamientos forman parte de una estrategia destinada a preservar evidencias relevantes para el proceso.
La investigación fiscal señala un supuesto esquema relacionado con expedientes de infracciones de tránsito consideradas muy graves. Las pesquisas se enfocan en procedimientos administrativos vinculados a sanciones de conductores.
Según los actuados, algunas papeletas M1 y M2 presuntamente habrían sido anuladas, alteradas o retiradas de trámite. La hipótesis fiscal sostiene que estas acciones favorecieron indebidamente a infractores investigados.
“Las sanciones no eran ingresadas al sistema”, refiere la investigación citada en la resolución; además, las licencias de conducir habrían permanecido vigentes de manera presuntamente irregular, según la hipótesis fiscal.
La Fiscalía también allanó viviendas de investigados y oficinas particulares de abogados vinculados al caso. Las intervenciones permitieron la incautación de equipos informáticos, documentos y archivos de interés.
Entre los principales desafíos figura la revisión de expedientes físicos y registros digitales. Los peritajes documentales y tecnológicos serán determinantes para corroborar o descartar las imputaciones formuladas.