El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que el Ministerio Público confía en resolver el caso de la denuncia de violencia sexual contra un escolar de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, dentro de los cuatro meses de internamiento preventivo dictado contra seis adolescentes presuntamente implicados en este ilícito.
“Creo que en el tiempo que se ha solicitado va a ser suficiente para resolver el caso”, señaló Gálvez al ser consultado sobre el pedido de celeridad formulado por la familia del escolar agraviado.
Gálvez sostuvo que la Fiscalía está actuando a la brevedad posible y que el plazo de internamiento preventivo debería permitir adoptar la decisión correspondiente.
Indicó que el Ministerio Público viene realizando las diligencias conforme a ley y que se solicitó el internamiento preventivo de los menores respecto de quienes existe evidencia suficiente.
Agregó que durante la investigación deberá determinarse qué adolescentes tuvieron una participación activa, cuáles tuvieron una intervención pasiva y quiénes pudieron impulsar los hechos sin participar directamente.
El fiscal calificó el caso de lamentable y expresó su solidaridad con el escolar agraviado y su familia. Asimismo, señaló que corresponde a la investigación establecer las responsabilidades que pudieran existir.
Respecto a la posibilidad de que el plazo de internamiento no resulte suficiente, indicó que podría evaluarse una ampliación si la investigación se complicara, dependiendo también de las acciones de las defensas de los adolescentes.
El caso se remonta al 15 de setiembre, cuando se denunció que un estudiante de 16 años habría sido víctima de violencia sexual durante el traslado en un bus escolar, luego de una competencia deportiva.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar y dispuso, entre otras diligencias, la declaración del agraviado mediante Cámara Gesell y los testimonios de los 10 menores inicialmente retenidos.
El 18 de setiembre, la Fiscalía solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los adolescentes que continuaban vinculados al caso, tras recabar, entre otros elementos, declaraciones de los menores involucrados, de policías intervinientes y de los padres denunciantes, además del reconocimiento médico-legal de la víctima.
Ese mismo día, el Poder Judicial informó que cuatro de los 10 estudiantes inicialmente retenidos fueron liberados y seis quedaron sujetos al proceso judicial.
Además, el Décimo Segundo Juzgado de Familia dictó medidas de protección para el escolar agraviado, entre ellas restricciones de contacto mediante espacios privados y redes sociales y terapias psicológicas obligatorias para los investigados.
En paralelo, la Marina de Guerra separó de sus cargos a la directora del Liceo Naval, a un docente y al entrenador de fútbol mientras avanzan las investigaciones.
Más en Andina:
Publicado: 20/9/2026