Caso Liceo Naval: dictan 4 meses de internamiento preventivo para 6 escolares denunciados

Investigados por presunta violación sexual a menor serán conducidos al Centro Juvenil de Rehabilitación de Lima

Fachada del Liceo Naval de San Borja. Foto: ANDINA/Braian Reyna

Fachada del Liceo Naval de San Borja. Foto: ANDINA/Braian Reyna

08:00 | Lima, set. 19.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual en agravio de un menor de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise y dispuso que sen conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, informó esta noche el Poder Judicial (PJ).



"La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo dispuso que los adolescentes, estudiantes del Liceo Naval Almirante  Guise, sean conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como Maranguita)", ubicado en el distrito de San Miguel, precisa el comunicado.


Más temprano, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de violencia sexual. 


Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.

Este órgano jurisdiccional también dispone el patrullaje constante de forma periódica semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima. 

¿Qué plantea la fiscalía?

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria del Liceo Naval, denunciados por presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años, ocurrida en el distrito de San Borja el último 15 de setiembre. 

El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández requirió la medida, con el fin de asegurar la presencia de los estudiantes tras recabar indicios que los vinculan con la infracción a la ley penal.

Entre ellos, figuran las declaraciones de los menores de edad involucrados, los policías intervinientes, padres denunciantes del hecho, el reconocimiento médico-legal de la víctima. Hoy venció el plazo de retención en flagrancia de los adolescentes.


Protocolo de atención


Ante una denuncia de presunta violencia sexual contra un estudiante, el Ministerio de Educación (Minedu) establece un protocolo de actuación obligatorio que busca garantizar la protección inmediata de la presunta víctima, evitar su revictimización y asegurar que las autoridades competentes asuman la investigación de los hechos.

1. Recibir la denuncia de inmediato

El colegio debe recibir la denuncia incluso si esta es presentada de manera verbal. En ese caso, corresponde levantar un acta con la información brindada, procurando que el estudiante no tenga que repetir innecesariamente su relato ni responder interrogatorios por parte del personal del colegio.


2. Proteger de inmediato al estudiante

La prioridad es garantizar la seguridad e integridad del menor.

El director debe adoptar medidas urgentes para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo al estudiante mientras intervienen las autoridades. Si el presunto agresor fuera un trabajador de la institución, debe impedirse cualquier contacto con la víctima.

3. Informar a los padres o apoderados

La institución educativa debe comunicar inmediatamente la situación a la madre, padre o tutor del estudiante e informar las medidas adoptadas.

Si los familiares no pueden ser ubicados o no realizan la denuncia correspondiente, el propio director tiene la obligación de comunicar el caso a las autoridades.

4. Denunciar ante la Policía o la Fiscalía

Cuando los hechos podrían constituir un delito, como ocurre en casos de presuntos tocamientos indebidos o cualquier forma de violencia sexual, el director debe comunicar inmediatamente la denuncia a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público.

El protocolo es claro en señalar que el colegio no investiga el delito ni determina responsabilidades. Esa función corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.


5. Garantizar atención médica y psicológica

La institución educativa debe orientar y acompañar a la familia para que el estudiante reciba atención médica y psicológica especializada lo antes posible.

Si la familia no puede o no desea realizar ese trámite, el director debe asegurar que el menor acceda a dichos servicios.

6. Registrar el caso y hacer seguimiento

Todo caso debe registrarse en la plataforma SíseVe, el sistema oficial del Ministerio de Educación para reportar situaciones de violencia escolar.

Además, la institución educativa y la UGEL correspondiente deben realizar el seguimiento permanente del caso, verificar el cumplimiento de las medidas de protección y garantizar la continuidad del servicio educativo para el estudiante afectado.



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(FIN) JOT-ICI

Publicado: 18/9/2026