Cuarenta exministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos suscribieron una carta en donde manifiestan su profunda preocupación respecto al proceso electoral del último 7 de noviembre, en Nicaragua, donde fue reelegido por cuarta vez Daniel Ortega.
Según manifiestan los ex ministros éste se desarrolló "contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición. Dicha votación no reunió las mínimas condiciones de integridad, ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial".
Señalan que el gobierno, "con su actuación, no sólo ha contaminado el proceso electoral, sino que, en el ejercicio arbitrario del poder, ha ignorado los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político. Todos estos principios, establecidos en la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados".
Indican además, según reza el pronunciamiento que este proceso electoral es "fraudulento" y que "empezó cuando Daniel Ortega logró una reelección en noviembre de 2011 en violación de la Constitución, forzando a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral a alegar el inexistente derecho a una reelección indefinida como “derecho humano” de Daniel Ortega".
En consecuencia de todo ello, los suscritos exministros de Relaciones Exteriores, hicieron un llamado para que, en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a realizarse entre el 10 y el 12 de noviembre de 2021, los cancilleres y jefes de delegación de la OEA convoquen a una Asamblea General Extraordinaria para tomar las siguientes acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática.
Entre las que plantean desconocer y condenar el proceso electoral, exigir al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los 150 presos políticos, solicitar a los organismos financieros internacionales ajustar su política a la suspensión de Nicaragua en el sistema interamericano, reclamar la plena vigencia de los derechos humanos, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias, el respeto al Estado de derecho, y una salida pacífica a la crisis a través de la negociación con todos los actores políticos de Nicaragua.
Además de solicitar a la CIDH continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y elaborar informes periódicos para actualizar la evolución de la misma.
Y finalmente si el gobierno de Nicaragua no acepta realizar nuevas elecciones "libres, transparentes, justas y la liberación de todos los presos políticos, llamamos a la Asamblea General de la OEA a convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión delmEstado de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA, conforme al artículo 21 de la Carta Democrática", detallan en su pronunciamiento.
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(FIN) CFS/CFS
Publicado: 10/11/2021