El Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao con medidas complementarias que tiene como propósito fortalecer y optimizar la lucha contra la criminalidad, con mecanismos como uso del satélite y drones para el control territorial y así como la prohibición para que dos personas circulen en moto, entre otros.
Comando Unificado
Se crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como los alcaldes de Lima Metropolitana y Callao.
Este comando conducirá las acciones integradas de seguridad y coordina patrullajes, operativos y dispositivos tácticos con el objetivo de restablecer el orden interno, reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Satelital y reconocimiento facial
Las imágenes satelitales serán empleadas para el monitoreo en zonas de riesgo y control territorial en apoyo a la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en tanto dure el estado de emergencia.
Además, se hará uso de algoritmos para reconocimiento facial y el cruce de información en una plataforma digital de interoperabilidad, lo que permitirán incrementar la capacidad de anticipación frente a actividades criminales.
De forma simultánea, un sistema unificado de datos concentrará información proveniente de comisarías, gobiernos locales y entidades del Estado, permitiendo que el CCO intensifique objetivos y metas en las zonas intervenidas.
Cadetes de la Policía y FF.AA.
En tanto, los cadetes de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas realizarán marchas de campaña e instrucción en zonas determinadas por el CCO con fines de entrenamiento, presencia disuasiva y apoyo a actividades cívico-militares.
Restricción en cárceles
La norma establece también medidas estrictas de control a nivel nacional en las prisiones. Entre ellas, está la restricción de visitas, desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas, el apagón eléctrico en celdas (sin afectar la iluminación) y la incautación constante de teléfonos, chips, armas blancas y artículos prohibidos.
Estas acciones se complementarán con el monitoreo aéreo mediante drones y el incremento de inspecciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, dispone que
INPE contará con apoyo de la P
olicía Nacional y las Fuerzas Armadas en el control de acceso a penales y para garantizar que se mantenga la erradicación de antenas de telecomunicación ilícitas y
para realizar operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Dispone además que el INPE podrá ordenar el inmediatamente el traslado a otro establecimiento penitenciario de aquellos internos que ponen en riesgo la seguridad penitenciaria, atentan contra la integridad del personal penitenciario o policial, sean encontrados en flagrancia delictiva o estén involucrados en la comisión de algún delito.
Control territorial
La actualización del estado de emergencia precisa también que el control territorial estará a cargo de fuerzas integradas, conformadas por la Policía Nacional, a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal, en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito e información de inteligencia.
Las fuerzas integradas realizarán también patrullaje permanente y aleatorio a pie y patrullaje disuasivo motorizado constante en zonas estratégicas como paraderos, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos, activos estratégicos, centros comerciales, mercados, entre otros.
También operativos de control de identidad en inmuebles, con descerraje si es necesario; en la vía pública, transporte público y privado; vehículos motorizados y no motorizados; la recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales y operativos contra armas ilegales, pirotécnicos, drogas e insumos químicos.
Del mismo modo,
prohíbe el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L1 y L3 (motos lineales), así como el uso de cualquier elemento o accesorio, adicional al casco, que impida o limite la identificación del conductor.
En tanto, Migraciones verificará y expulsará a extranjeros que infrinjan la normativa, mientras que el sistema de recompensas impulsará la captura de requisitoriados, extorsionadores y sicarios.
Incentivos y reconocimientos
Precisa también que el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán medidas para ampliar su capacidad de respuesta durante la emergencia y mejorar la rapidez en la atención de casos relacionados con criminalidad.
Asimismo, el decreto establece incentivos y reconocimientos para los integrantes de las fuerzas integradas que destaquen por acciones determinantes para el cumplimiento de los objetivos del estado de emergencia.
(FIN) FHG
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Publicado: 8/11/2025