La Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron hoy miércoles 22 de octubre operativos de verificación y fiscalización migratoria de manera simultánea en las regiones de Piura y Tumbes.
Sostuvo que estas
acciones se ejecutaron en el marco del plan estratégico para fortalecer el control migratorio y mitigar la migración irregular. Además, se realizaron en articulación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entre otras entidades.
En Piura, el operativo se desarrolló en el Puesto de Verificación Migratoria (PVM) San Pablo, ubicado a la altura del expeaje Bayóvar, kilómetro 983 de la carretera Panamericana, a 30 minutos en vehículo desde el centro de Piura.
Se intervino a más de 30 extranjeros, de los cuáles ocho tenían ingreso irregular al país. Tras cumplir con el proceso establecido por la normativa migratoria se procedió con la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).
Este mecanismo permite la expulsión de extranjeros que ingresan al país eludiendo el control migratorio y/o realizaron actividades que atentan contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
Operativo binacional en Tumbes
En simultaneo, Migraciones, a través de la Jefatura Zonal Tumbes, lideró acciones de verificación y fiscalización en el Puente Internacional de La Paz como parte de las actividades de presencia del Estado en línea de frontera con Ecuador. Este operativo binacional interinstitucional se desarrolló de manera coordinada con autoridades peruanas y ecuatorianas, reforzando el compromiso bilateral en materia de seguridad fronteriza.
El Puente Internacional de La Paz, que conecta las localidades de Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú), tiene una importancia histórica y estratégica para ambos países. Su construcción simboliza la reconciliación tras el conflicto bélico de 1941, ratificado con el Protocolo de Río de Janeiro en 1942, y ha sido un eje fundamental para el desarrollo social y económico de las comunidades fronterizas.