La jueza suprema titular Emilia Bustamante Oyague, integrante de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, participó como panelista en la presentación del libro “El acto jurídico”, del profesor Jairo Cieza Mora sobre la base de controversias contractuales y la jurisprudencia.
Bustamante Oyague destacó que, en el primer capítulo del texto, el autor desarrolla un tema de gran importancia como el referido a la invalidez de los negocios jurídicos realizados por las personas con discapacidad (PCD).
En tal sentido, invitó a la academia, estudiantes de Derecho y a la comunidad jurídica leer esta obra, la cual, sostuvo, plantea tópicos como capacidad jurídica, incapacidad, cuándo hay discernimiento y cuándo no, analiza los supuestos de invalidez, la ineficacia de los actos jurídicos, entre otros.
Durante la introducción de su presentación, la magistrada hizo un repaso de la evolución histórica de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad desde las sociedades antiguas hasta la actualidad.
Recordó que, en tiempos pasados, a las PCD se les trataba de eliminar, esconderlas y proscribirlas hacia lugares alejados, situación que, incluso, se mantiene en algunos países.
“Si nacía un bebé deforme se le arrojaba al río, porque se decía que era una maldición; había una interpretación ideológica, religiosa de que cuando había familiares con ciertas deficiencias, enfermedades esto daba pie a que se pensara que venía todo el mal para la familia”, recordó.
Convención internacional
La jueza suprema reconoció que la modificación legislativa en el ordenamiento jurídico peruano sobre los derechos de las PCD, se ha dado en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Asimismo, la magistrada expresó que desde el año 2007, el Estado peruano es parte de esta Convención, la cual se creó con base en varios estudios de abogados, sicólogos, sociólogos y antropólogos sobre el manejo jurídico de las personas con discapacidad.
Sostuvo que estos trabajos, que se desarrollaron desde hace muchos años, rescataron los derechos de las PCD y trataron, en lo posible, de que las legislaciones civiles tuvieran una percepción diferente con respecto a los derechos de las demás personas.
Igualidad jurídica
A su vez, agregó, se vio con interés en las legislaciones que dependen de la orientación jurídica romana- germánica, el de proscribir la figura de la curatela en las personas con incapacidad punitiva.
“Con esta medida se promovió una igualdad jurídica de todas las personas tratando de reivindicar a los invisibles y vulnerables, quienes requerían un curador (persona designada por un juez para asistir o representar a alguien con capacidad limitada para tomar decisiones) para que disponga de su persona y de sus bienes”, indicó.
Asimismo, la magistrada destacó el papel de los colectivos sociales y de los defensores de los derechos humanos de las PCD en procurar esta igualdad jurídica de derechos de las personas con discapacidad.
Cabe indicar, que también actuaron como panelistas en la presentación del libro los docentes universitarios Alfredo Soria Aguilar y Wilder Tuesta Silva, mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, Oswaldo Hundskopf Exebio.
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(FIN) NDP/RES
Publicado: 8/10/2025