El presidente Ejecutivo de la consultora Maximixe, Jorge Chávez Álvarez, sostuvo que el costo económico e institucional de que la cuestión de confianza pueda ser rechazada (primer escenario) y que se convoquen a nuevas elecciones dependerá de la calidad relativa de los jugadores salientes versus los reemplazantes, tanto para el Congreso como para el gabinete de ministros.
“La conformación del gabinete de ministros será clave, porque dará la señal de si Vizcarra está tomando debidamente en serio la salida que ha impulsado a esta
crisis política. Un punto a favor es que, salvo escasas excepciones, los jugadores salientes del Congreso han demostrado una calidad paupérrima, tanto en cuanto a solvencia profesional y política como a solvencia ética y moral”, manifestó.
En tal sentido, comentó que la convocatoria a un equipo ministerial de fuste internacional contribuiría a generar expectativas positivas para una transición compleja, que durará aproximadamente todo el segundo semestre de este año, en la cual el Ejecutivo gobernará por decretos de urgencia, dando cuenta a la comisión permanente.
Escenario electoral
De este modo, si fuera rechazada la
cuestión de confianza, en aplicación del artículo 134 de la Constitución, el Presidente de la República estará facultado a disolver el Congreso y convocar a elecciones para octubre como máximo.
Considera que en este escenario, la campaña electoral sería relámpago y tendría como protagonistas a los mismos partidos, junto a los nuevos inscritos.
Sin embargo, pronostica que la configuración de fuerzas cambiaría rotundamente, a favor de Vizcarra y en contra de Fuerza Popular y el Apra. “Aun cuando Vizcarra no cuenta con un partido que lo represente, podría conformar fácilmente una coalición”.
Explica que los actuales congresistas no podrán participar ni en la elección supletoria ni en la que se convoque para el nuevo período que arranca en julio de 2021, dado que el Congreso no será cerrado sino disuelto para ser recompuesto y pueda reinstalarse al más breve plazo (presumiblemente en enero de 2020) para completar su tramo pendiente, que va hasta julio de 2021. Según el Referéndum no puede haber reelección de congresistas para un nuevo periodo consecutivo al anterior.
Oportunidad de reformas
Chávez comenta que esta situación tendría que aprovecharse para poner fierro a fondo no sólo en la reforma política sino también en la
reforma del Estado, la reforma tributaria, la reforma de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, entre otros.
“De los partidos dependerá que elijan a candidatos para el congreso que den la talla en integridad y capacidad de estadistas. La talla en ambos planos es mil veces más importante que la ubicación en el espectro político. Corruptos e ineptos abundan en izquierda y derecha”, dijo.
De otro lado, Chávez explica que de ser aceptada la cuestión de confianza por el Congreso (segundo escenario), hay dos sub-escenarios posibles. Uno, en el que la oposición tome conciencia de que su desprestigio ya tocó fondo y, por ende, adopte una posición dialogante sincera, que contribuya a llevar adelante las reformas planteadas con el sentido, el alcance y la celeridad que la situación amerita. Entender que es el país entero el que les está reclamando estas reformas, más allá de que sea el Ejecutivo el que haya asumido ese mandato.
“Existe, sin embargo, un segundo sub-escenario en el que la mayoría, a pesar de haber aceptado la cuestión de confianza, se ponga a jugar nuevamente al petardeo del contenido, el alcance y la celeridad de las reformas”, advirtió.
En este sentido, la oposición tiene razón al argumentar que el Ejecutivo no tiene facultad constitucional ni para fijarle fecha límite al Congreso ni para obligarlo a que apruebe sus proyectos ‘literalmente’.
Confrontación en su clímax
Refirió que la confrontación entre Ejecutivo y Legistativo llegó a su clímax, tras el blindaje que el martes pasado volvió a dar la Comisión Permanente del Congreso al ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, a pesar de sus flagrantes actos de obstrucción a la labor del equipo especial de fiscales encargado de los casos Lava Jato, y de las fuertes evidencias que pesan en su contra por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Considera que al ordenar la mayoría opositora el archivamiento definitivo de las denuncias contra Chávarry, se curó en salud ante una eventual conversión del ex fiscal en letal colaborador eficaz.
Sin embargo, agregó que con ello llevó al país al foso más hondo de su crisis institucional. “Se colmó el vaso de la paciencia de la población que ya estaba harta de ver cómo el Congreso venía dilatando las reformas aprobadas en un Referéndum, en el que la voluntad popular se expresó abrumadoramente a favor de las propuestas del Ejecutivo”.
En este contexto, refiere que el presidente Vizcarra se limitó a leer la calle para darse cuenta que no le quedaba otra opción que plantear la cuestión de confianza ante el Congreso, en torno a sus 12 proyectos de reforma política.
Declaraciones inoportunas
Chávez considera que las recientes declaraciones del presidente del tribunal constitucional, Ernesto Blume Fortini, sosteniendo que Vizcarra no puede imponerle al Congreso el contenido y los alcances de las reformas no sólo fueron innecesarias, sino que fue una tremenda patinada. “Además de haber adelantado opinión sacrílegamente, hizo alarde de fuerza actuante políticamente, al punto de convocar a un diálogo, como si fuese un virtual líder político”.
Para colmo, agregó, los vínculos de Blume como ex asesor de conspicuos miembros de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y el haber percibido cuantiosos ingresos durante sus gestiones en la alcaldía y el gobierno regional de El Callao, al menos evidencian un agudo conflicto de intereses que lo inhabilitan para intervenir en un tema cuyo devenir podría eventualmente beneficiarlo directamente a él o a sus clientes. “Con el atenuante de haber tenido como practicante en su despacho del tribunal constitucional, a la hija del reo contumaz César Hinostroza”.
Pero, de lo que se olvidan Blume, Bartra y Chávarry (o quisieran que todos los peruanos se olviden) es que el Ejecutivo sí tiene una inmensa fuente de legitimidad social y política emanada del Referéndum, para exigirle celeridad al Congreso y que dichos proyectos no sean desnaturalizados, como ya ha venido sucedido, agrega.
“O sea, el gobierno no puede exigir legalmente pero sí políticamente, que se respete el sentido de las reformas y que el pleno del Congreso enmiende el blindaje a Chávarry, que lo ha colocado al límite de su ilegitimidad social y política”, acotó.
Ceder posiciones
En la percepción de Chávez, la oposición irá cediendo tarde o temprano en sus posiciones obstruccionistas, debido a que insuflan una lepra secesionista. “Son 12 los apóstoles de Fuerza Popular que ya están por abandonar su descarriada iglesia, siguiéndole el paso a otros que ya lo hicieron. Y pueden seguirles más”.
Sin embargo, considera que es cuestión de tiempo. “Mientras más se dilate el proceso de descomposición de Fuerza Popular, el obstruccionismo podría dañar el proceso de reforma. Tal sería el peor escenario en términos de impacto económico, debido a la incertidumbre sobre las reglas de juego para las elecciones de 2021”.
El economista refiere que sería un escenario en el que los mismos jugadores desgastados y coludidos con empresarios, jueces y fiscales corruptos, seguirían tratando de evitar que cambie el estatus quo.
“Un empate, en el que ni Vizcarra puede disolver el Congreso ni puede avanzar en las reformas, sería un caldo de cultivo para una efervescencia social radicalizada, con protestas violentas y el fortalecimiento de los Antauros y seguidores de Abimael Guzmán. Este es el escenario que hay que evitar a toda costa, dentro de los cauces constitucionales”, enfatiza.
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(FIN) SDD
Publicado: 3/6/2019