La Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió de enero a la fecha 13,293 medidas de protección en favor de víctimas de violencia familiar, según el último reporte oficial del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA).
Los magistrados del Módulo Judicial Integrado emitieron las medidas de protección en diez meses y lograron instalar 466 botones de pánico a víctimas que se encuentran en riesgo severo.
De acuerdo con el reporte del RUVA, además, el 71.76 % de las denuncias recibidas corresponden a mujeres víctimas de diferentes manifestaciones de violencia; en tanto, el 25.5 % corresponden a varones que han sufrido agresiones.
Asimismo, detalla que del total de víctimas de violencia familiar, el 65 % sufrieron violencia psicológica; el 12 %, física y psicológica; el 11 %, solo física; el 10 %, sexual; y el 1 %, violencia patrimonial.
El Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa atiende las denuncias dentro del plazo de 24 horas. La sede judicial tiene cinco años de funcionamiento.
¿Qué es el RUVA?
El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras tiene como objetivo implementar un sistema intersectorial de la anotación de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con datos de la víctima y del agresor, tipificación, causas y consecuencias de la violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos pertinentes.
La finalidad es contar con información confiable, oportuna y útil, la cual tendrá carácter de confidencial y reservado, precisa el Ministerio Público.
En el artículo 42 de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) se establece que el Ministerio Público —en coordinación con la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables— es el responsable de implementar el RUVA.
La Ley 30364 se aprobó con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Dicha norma establece los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.