Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que prioriza el pago de sentencias judiciales en favor de las personas mayores de 65 años y de los acreedores que se encuentran con enfermedad avanzada o terminal acreditado por un informe médico suscrito por un especialista.
El dictamen dispone que la priorización sectorial para el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada será: 1. materia laboral, 2. materia previsional, 3. víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, así como 4. otras deudas de carácter social y 5. deudas no comprendidas en los numerales precedentes.
En los cuatro primeros casos, se priorizará el pago a los acreedores mayores de 65 años de edad y/o a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal, debidamente diagnosticada y acreditada en un informe por especialistas del Ministerio de Salud y/o EsSalud.
Dicho informe deberá estar suscrito por un especialista de la salud de las referidas entidades públicas, refrendado por el jefe de la institución correspondiente.
Para el caso de acreedores de la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, el informe puede ser suscrito por un especialista de la salud de los establecimientos médicos de dichas instituciones, refrendado por el jefe de dicho establecimiento de salud.
El congresista Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, precisó actualmente para priorizar el pago de los ciudadanos con enfermedades en fase terminal o avanzada, su situación de salud debe estar acreditada por una junta médica integrada por tres especialistas médicos.
“Esto en la práctica es inviable, pues en muchas regiones del país simplemente no existen tres médicos especialistas. Es una manera burocrática que impide el acceso a una justicia. Estamos hablando de personas que ya ganaron un juicio al Estado, pero no pueden cobrar su sentencia por trabas administrativas, y lo más grave, están en fase terminal”, refirió.
Indicó que, según la Cuenta General de la República, al 31 de diciembre del 2023, el Estado tiene demandas en su contra por 58,800 millones de soles y, adicionalmente, solo por sentencias judiciales firmes, en calidad de cosa juzgada, y en ejecución, 17,795 millones de soles.
(FIN) NDP/FHG/JCC
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Publicado: 2/10/2025