El Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 12634/2025-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la excongresista y exministra de Estado, Betssy Chávez, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.
Ambos delitos se encuentran tipificados en los artículos 399 y 400 del Código Penal, respectivamente. La votación fue de 51 votos a favor, 14 votos en contra y seis abstenciones.
Finalizado el conteo de votos, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, declaró que en aplicación de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.
La decisión fue tomada en función de las conclusiones a las que llega el informe final sobre la Denuncia Constitucional 355, denuncia interpuesta por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 10 de abril de 2023.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), informó que Betssy Chávez, en su condición de congresista, habría dispuesto la contratación de Marco Antonio y Flor de María Sotelo Villa, hermanos del entonces pareja sentimental, Abel Sotelo Villa, para que presten servicio en su despacho parlamentario.
Asimismo, dijo, en su condición de exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se evidenció la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa en la red asistencial Tacna de EsSalud; y de Antonio Sotelo Calderón como intendente regional de Sunafil en Puno y como representante del referido ministerioante el Consejo Nacional de Senati. Estas contrataciones, sostuvo, habrían contravenido una directiva de EsSalud.
En torno a la acusación de tráfico de influencias agravado, señaló que se han identificado indicios razonables en la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo Villa, en el cargo de jefe de la oficina zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
"Existen suficientes elementos de prueba que indicarían que la denunciada habría influido directamente en los funcionarios responsables del proceso de contratación utilizando su posición como alta funcionaria del Poder Ejecutivo", informó.
Es más, dijo, sobre la presunta participación de la denunciada Betssy Chávez en la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón en Cofopri, "se ha determinado que la denunciada habría intercedido, traficado influencias ante los entonces ministros de Vivienda, Geiner Alvarado López y César Paniagua Chacón, con el fin de lograr dicha contratación".
Defensa y debate
Finalizada la sustentación del informe final de la DC 355 se le otorgó la palabra al abogado de la denunciada, Raúl Noblecilla, quien manifestó que "en un antejuicio político el Congreso de la República no va a juzgar, no va a sentenciar, aunque sí lo hace, a través de una politización, de una instrumentalización del sistema de justicia".
Participaron en debate los congresistas Alejandro Cavero (AvP), Noelia Herrera (RP), Edwin Martínez (NoA), Alfredo Pariona (BS), Norma Yarrow (RP), Elías Varas (JP-VP-BM), Víctor Cutipa (JP-VP-BM), Germán Tacuri (JP-VP-BM), Patricia Juárez (FP), Juan Carlos Lizarzaburu (APP) y María del Carmen Alva (NoA)
(FIN) NDP/JCC/JCR
JRA
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Publicado: 1/10/2025