La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó a la congresista Patricia Chirinos un plazo de cinco días para presentar el informe final de la denuncia constitucional 498 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación de Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Petroperú.
Tomó esa decisión tras dar por concluida la audiencia donde se evaluó la mencionada denuncia constitucional formulada por el exfiscal de la nación (i), Juan Carlos Villena Campana, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento Indebido del cargo, y nombramiento Ilegal; tipificados en los artículos 399 y 381 del Código Penal.
Durante la sesión de hoy, la subcomisión escuchó a González Toro, quien señaló que Daniel Salaverry Villa fue designado porque se necesitaba “un hombre de carácter, que sepa negociar” y aseguró que este nunca llegó a asumir el cargo, porque la junta de accionistas de la empresa no llegó a reunirse para aprobar su nombramiento.
“Nunca hubo mala intención” en el nombramiento de Salaverry Villa, puntualizó el extitular de Energía y Minas ante la comisión que preside la congresista Lady Camones.
Denuncia a congresistas
La Subcomisión, asimismo, declaró improcedente el informes de calificación de la denuncia constitucional 427, formulada por la congresista Sigrid Bazán Narro (BDP) contra Patricia Chirinos Venegas (RP) por la presunta infracción al artículo 39 de la Constitución y el presunto delito de tráfico de influencias; tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
Igual decisión se tomó en relación a la denuncia constitucional 535, presentada por la exfiscal de la nación, Delia Espinoza contra los congresistas Roberto Kamiche Morante, Jorge Flores Ancachi (APP) y Luis Aragón Carreño (AP), por la posible comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio; tipificados en los artículos 385, 400 y 394 del Código Penal.
La misma suerte ocurrió con la denuncia constitucional 578, formulada por varios congresistas, entre ellos, Víctor Cutipa Cama (JP-VP-BM), Roberto Sánchez Palomino (JP-VP-BM), Guillermo Bermejo Rojas (JP-VP-BM), Nieves Limachi Quispe (JP-VP-BM) contra los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, por la presunta infracción al artículo 139 (incisos 2, 3 y 14) de la Constitución.
Morgan Quero
También se declaró improcedente la denuncia constitucional 590, presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza , contra el exministro de Educación, Morgan Quero Gaime, por la posible comisión del delito de discriminación; tipificado en el artículo 323 del Código Penal, al expresar a la prensa que “los derechos humanos son para las personas y no para las ratas”, durante una actividad pública.
Finalmente, se declaró improcedente la denuncia constitucional 638, formulada por la ciudadana Silvana Araceli Ayquipa Aylas, contra el renunciante alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias; tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
(FIN) FHG
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Publicado: 17/10/2025