La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el informe final que recomienda enviar al archivo las denuncias constitucionales 362 y 464 (acumuladas) contra la congresista de la república, Katy Ugarte Mamani (JP/VP/BM).
A la legisladora se le acusaba de ser presunta autora del delito contra la administración pública-concusión, ilícito penal previsto en el artículo 382 del Código Penal, y por infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, en agravio del Estado.
El informe concluye que “ante la ausencia de evidencia concreta, directa y verificable, no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados”.
Investigación
Por otro lado, la citada instancia parlamentaria otorgó por unanimidad un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue y presente informe final sobre las denuncias constitucionales 482 y 506 (acumuladas) contra la legisladora Magaly Ruíz Rodríguez, declaradas procedente en un extremo.
A la parlamentaria se le acusa del delito de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal), en calidad de presunta autora; como presunta instigadora del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, en agravio del Estado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal.
También se le atribuye ser la presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en agravio del Estado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal. El extremo declarado improcedente por la subcomisión (referido a la presunta comisión del delito de concusión), pasó al archivo.
Del mismo modo, otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para que la SAC investigue y presente informe final respecto a la Denuncia Constitucional 694, contra la expresidenta Dina Boluarte, declarada procedente en el extremo de ser presunta autora del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
La decisión se adoptó por unanimidad (17 votos) en la sesión de esta instancia parlamentaria conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Se trata de una denuncia constitucional interpuesta por el fiscal de la nación, Tómas Gálvez Villegas, y se da en el contexto del supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de EsSalud, que habría surgido como parte de un presunto acuerdo para permitir la recomendación de profesionales en el sector salud.
Al inicio de la sesión, la SAC presentó 17 informes de calificación que declararon la improcedencia de las denuncias constitucionales números 674, 654, 677, entre otros, las cuales, conforme al tercer párrafo del inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, pasaron al archivo.
(FIN) NDP/HTC/RMCH
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Publicado: 13/5/2026