El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 11022/2024-PE, 10367/2024-CR, 10322/2024-CR y otros, que propone modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
Asimismo, se sanciona la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos dentro de los penales.
También se establecen penas agravadas cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos de extorsión, sicariato o amenazas que afecten la seguridad ciudadana y el orden público.
Este dictamen apunta a recuperar el control de los penales, fortalecer la seguridad penitenciaria y cerrar las brechas que actualmente permiten que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
La iniciativa fue aprobada por 100 votos a favor, ninguna en contra y una abstención en primera votación. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación por unanimidad, con 92 votos a favor.
Las propuestas legislativas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, los congresistas Alejandro Muñante y Diego Bazán (Renovación Popular), Kira Alcarrás (NoA) y María del Carmen Alva (AP).
Mayor control del Estado
Otro punto central del texto sustitutorio es el fortalecimiento del control estatal sobre las telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, el INPE, en coordinación con la Policía Nacional, implementará medidas para prevenir y detectar el ingreso y uso de equipos de comunicación no autorizados.
Además, en casos excepcionales y ante indicios de delitos graves, el INPE podrá solicitar al Ministerio Público autorización para ejecutar operativos de detección y neutralización de señales ilegales dentro de los penales.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz (PL), sostuvo que las cárceles no pueden continuar siendo centros de operaciones del crimen organizado.
“Muchos delitos de extorsión, sicariato, amenazas y crimen organizado continúan siendo dirigidos desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de celulares y otros equipos de telecomunicación”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori (AP), explicó que la modificación del Decreto Legislativo 1688 permitirá reforzar las obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones para controlar y bloquear comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios.
“La propuesta optimiza los mecanismos regulatorios y sancionadores del sector telecomunicaciones, fortaleciendo la responsabilidad de los operadores y mejorando la capacidad del Estado para neutralizar el uso ilícito de redes de telecomunicaciones dentro de los centros de reclusión”, sostuvo.
(FIN) NDP/HTC/RMCH
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