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Comisión investigadora recomienda evaluar denuncia constitucional contra Pilar Mazzetti

Exministro de Salud Fernando Carbone, presidente de la comisión que investiga la aplicación de la vacuna de Sinopharm por fuera de los ensayos clínicos. Foto: ANDINA/Difusión

Exministro de Salud Fernando Carbone, presidente de la comisión que investiga la aplicación de la vacuna de Sinopharm por fuera de los ensayos clínicos. Foto: ANDINA/Difusión

18:22 | Lima, feb. 25.

La comisión investigadora de la aplicación de la vacuna Sinopharm por fuera de los ensayos clínicos recomendó hoy derivar su informe final a la Fiscalía de la Nación para que evalúe si corresponde interponer, contra la exministra de Salud Pilar Mazzetti, una denuncia constitucional por infracción a la Constitución y/o por la comisión de un delito en el ejercicio de la función.

El informe final presentado esta tarde por el presidente del grupo investigador, Fernando Carbone, recomienda también que el Ministerio de Salud evalúe el retiro de la confianza a un grupo de funcionarios vinculados con estos hechos, en caso continuaran en sus cargos.

Varios de los funcionarios incluidos en este grupo ya han renunciado a sus cargos: María Ormaeche Macassi, Manuel Espinoza Silva, Gladys Ramírez Prada, Luis Suárez Ognio, Sofía Salas Pumacayo, Mario Tavera Salazar, Aldo Lucchetti Rodríguez, Luis Rodríguez Benavides, Víctor Bocángel Puclla, Víctor Raúl Cuba Oré, Danilo Céspedes Medrano y Lucy Olivares Marcos.

Asimismo, la comisión recomendó derivar sus conclusiones a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Salud para evaluar la situación de los funcionarios incluidos en este informe. 

Respecto a los funcionarios y servidores que pertenecen al Instituto Nacional de Salud (INS) y otros órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Salud, que han tenido una participación en los hechos materia de la investigación por la Comisión, la misma recomienda derivar el presente informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios competente

Respecto a los investigadores Germán Málaga Rodríguez, Hugo García Lescano, Javier Arturo Bustos Palomino (de la Universidad Peruana Cayetano Heredia) y Eduardo Ticona Chávez (de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) “se recomienda derivar el informe a la universidad correspondiente y a los Colegios Profesionales a los que pertenecen”.

La comisión recomendó también derivar el informe y sus conclusiones al Congreso de la República, la Contraloría General, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Oferta y entrega de la vacuna

El informe detalla también hallazgos relacionados con las coordinaciones de oferta y entrega de la vacuna candidata.

La comisión investigadora identificó que se habría encargado a Carlos Castillo Solorzano –quien se desempeñaba como asesor de inmunización del Minsa– y a Jorge Jarama Alván –entonces director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería– la labor de asignar la vacuna candidata.

Asimismo, se encontrarían vinculados a este hecho los médicos Hugo García Lescano y Javier Arturo Bustos Palomino, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Eduardo Ticona.

“Estos hechos vulneran lo establecido en el Reglamento de Ensayos Clínicos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA, respecto a las personas que participan en la Ejecución de los Ensayos Cli´nicos, donde se considera que ‘el sujeto de investigacio´n es el individuo que participa en el ensayo cli´nico’ y no otros ‘relacionados’, como se ha denominado en la sede de la UPCH”.
 
Asimismo, se evidencia, por parte del investigador principal German Málaga la no aplicación de los Lineamientos de las Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para la realización de ensayos clínicos.





La formación de esta comisión fue oficializada por norma legal y se le otorgó una vigencia de 10 días para entregar los resultados de sus indagaciones.

En contexto

El 15 de febrero, tras una serie de denuncias periodísticas, el presidente Francisco Sagasti informó al país que 487 personas –entre ellos servidores públicos–, se aprovecharon de su posición y se vacunaron contra el covid-19 fuera de los ensayos clínicos. 

Ese mismo día, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras conocerse que recibió la vacuna contra el covid-19 por fuera de los ensayos.

Previamente, Vizcarra había asegurado que él fue voluntario de los ensayos clínicos en fase 3 del laboratorio Sinopharm en el Perú –a cargo de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos– y que no sabía si había recibido vacuna o placebo. Esa versión fue desmentida.

Las primeras indagaciones pusieron en evidencia, también, que Vizcarra se vacunó junto a su esposa y su hermano mayor.

Revelaciones y renuncias

Las revelaciones forzaron las renuncias de altos funcionarios del gobierno que recibieron estas vacunas, como las entonces ministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), además del viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

Además de funcionarios públicos, en la relación de vacunados por fuera del ensayo clínico figuran también personajes de la actividad privada, junto a varios de sus familiares.


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(CCH)

Publicado: 25/2/2021
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