La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó ayer la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a raíz del ingreso ilegal a una oficina lacrada por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez. Conoce en esta nota las claves de este caso.
El pasado 5 de enero, Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, fue captado por las cámaras de seguridad del Ministerio Publico junto a las personas que ingresaron a la oficina de su asesor, Juan Manuel Duarte, para retirar documentos.
El ingreso era ilegal, pues la oficina había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de una investigación al financiamiento del partido político Fuerza Popular.
Chávarry dijo en un primer momento que no tuvo nada que ver con el ingreso a la oficina lacrada y atribuyó a una coincidencia haber sido captado por las cámaras en compañía de las personas que ingresaron al citado ambiente.
La hipótesis del fiscal José Domingo Pérez es que Chávarry ordenó el deslacrado para retirar documentos que probarían sus vínculos con el partido Fuerza Popular.
Chávarry está comprendido en la investigación del fiscal Abia en calidad de testigo, dado que, por su condición de magistrado supremo le corresponde ser investigado por el titular del Ministerio Público.
En el Parlamento, los congresistas Justiniano Apaza y Hermando Cevallos, del Frente Amplio, presentaron una denuncia constitucional que le atribuye haber infringido cuatro artículos de la Constitución y los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.
Esta denuncia
fue declarada ayer improcedente con el voto de los congresistas Karina Beteta, Mario Mantilla y Milagros Salazar, de Fuerza Popular; así como Javier Velásquez Quesquén, del Apra.
La congresista fujimorista, Rosa Bartra, indicó que la decisión de la Subcomnisión de Acusaciones Constitucionales no impide que este caso siga su curso en el Ministerio Público.
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