El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, estimó que el reglamento de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) estará listo en las próximas semanas y afirmó que una regulación clara y ordenada generará una mayor confianza tanto para las entidades ejecutoras como para las fuentes cooperantes.
Canciller, ¿a qué se debe la demora de la publicación del reglamento de la Ley 32301 que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)?
Trabajamos en ello. La nueva Ley de APCI establece nuevos procesos, cuya elaboración requiere de exhaustivos análisis y formulaciones. Existe todo un equipo técnico, muy profesional y serio y trabajando en el documento.
¿Qué plazo se han fijado para la publicación del reglamento?
Esperamos presentar el documento en las próximas semanas. Como le digo, el equipo técnico de la Cancillería y APCI está trabajando decididamente en la elaboración del reglamento. El documento se elabora con la mayor pulcritud.
La ley establece sanciones por infracción que pueden llegar hasta las 500 UIT y la cancelación del registro, ¿no son excesivas estas sanciones?
Los procesos sancionadores serán proporcionales y disuasivos frente a las infracciones y se ejecutarán cumpliendo el debido proceso. Las medidas solo se aplican si hay incumplimientos reiterados, ocultamiento de información o desvío deliberado de fondos.
¿Cree que esta nueva ley y su reglamento podrían tener un impacto negativo en la cooperación internacional?
Por el contrario, una regulación clara y ordenada generará mayor confianza tanto para las entidades ejecutoras como para las fuentes cooperantes.
¿Qué dice la nueva ley de APCI respecto a los procesos contra el Estado?, ¿se está desprotegiendo a la población? Se ha denunciado en los últimos días la exclusión de abogados defensores de los indígenas acusados en el caso el Baguazo, precisamente por lo que señala la nueva ley APCI.
La Ley 32301 no prohíbe litigar ni limita el acceso a la justicia. La norma respeta plenamente el derecho a ejercer acciones legales contra el Estado o recurrir a mecanismos judiciales o internacionales. Lo que sí establece la ley es que los fondos de la cooperación se usen conforme a los fines declarados. Es decir, si un recurso fue registrado para salud pública, no debe usarse para financiar litigios. Quien desee interponer acciones legales contra el Estado puede hacerlo libremente, pero sin usar fondos de cooperación internacional destinado para otros fines.
(FIN) CVC
GRM
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Publicado: 25/7/2025