Las intervenciones sociales y de seguridad que se llevarán a cabo en Amazonas en virtud del convenio suscrito entre el gobierno de dicha región, el Banco de la Nación y la empresa de Servicios Industriales de la Marina (Sima), favorecerán a aproximadamente 25 mil personas, integrantes muchas de ellas de comunidades nativas.
En declaraciones a la Agencia Andina, el gerente general del mencionado gobierno regional, Litman Ruiz Rodríguez, señaló que principalmente la provincia de Condorcanqui se verá beneficiada con estas acciones.
Por medio del referido convenio, se alcanzarán a esta zona de Amazonas servicios diversos, y se efectuará -a través de la Marina- un control más intenso sobre actividades de minería ilegal, dijo el funcionario.
Ruiz recordó que Condorcanqui presenta condiciones de pobreza graves y también sufre la brecha de interconectividad, al no poder accederse a sus localidades por vía terrestre o aérea, sino a través de vías fluviales, como las del río Santiago y sus afluentes.
Servicios a brindar
Con respecto a los servicios que se alcanzará a los miembros de las comunidades nativas y a la población en general que reside en la zona, el representante del gobierno regional indicó que, además de los que brinda el Banco de la Nación, se encuentran los que ofrecen el Ministerio de la Mujer, programas sociales como Pensión 65 y el Reniec, entre otras entidades.
El convenio ya entró en vigencia y se encuentra en una fase de complementación e implementación, esperándose que pueda estar ejecutándose plenamente en el año 2026, manifestó Ruiz.
Asimismo, el funcionario indicó que la participación de la Marina, a través del Sima, implica que dicha institución efectúe un control y monitoreo de las actividades vinculadas a la minería ilegal que se desarrollan en esta zona de la amazonia peruana.
“Necesitamos tener aquí instituciones como la marina para resguardar y proteger este espacio”, manifestó Ruiz.
Conectividad disminuida
Por otro lado, el gerente general del gobierno regional hizo votos para que desde el gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se concrete la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas de 1900 metros a 2200 metros. “Esto generaría una dinámica comercial y turística muy grande”, señaló.
Refirió que el flujo turístico se vio afectado de manera notoria a partir de 2019, por factores diversos, como el de la pandemia de la covid-19, y los altos precios de la aerolínea Atsa, los cuales -dijo- responden a la reducida cantidad de pasajeros (70 personas) que esta lleva por cada vuelo.
Otro aspecto del problema de la poca interconectividad es el de la atención a emergencias en salud, dijo. “Muchas veces se ha tenido que pedir ayuda humanitaria para poder evacuar por tema de salud a nuestros enfermos”, indicó.
Esto también afecta a los educadores, que se ven impedidos de salir de la zona para participar en capacitaciones y reuniones propias de su especialidad, añadió.
Vía terrestre
A esto se suma que, desde 2021, la carretera Fernando Belaunde Terry sufre afectaciones, siendo una de las más graves los deslizamientos a la altura de la provincia de Bagua Grande, los cuales, durante tres años llevaron a que la circulación de vehículos se de tan solo en un carril, según dijo.
“Recién este año se habilitó, pero de manera temporal, el acceso, y esto nos genera también bastante problema para el transporte de productos, materiales de construcción y para el turismo”, señaló.
También mencionó las dificultades de acceso derivadas de los problemas en el aeropuerto de Shumba, en Jaén. Este no opera plenamente por problemas en su pista de aterrizaje, indicó.
Por tanto, Ruiz saludó que, durante la última reunión del Consejo de Estado Regional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se comprometiera a hacer un estudio de preinversión para la ampliación de la pista del aterrizaje en el aeropuerto de Chachapoyas.
(FIN) FGM/MAO
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