La incorporación de nuevos sujetos obligados de reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), iniciativa del Gobierno en el marco de las facultades legislativas, reforzará la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, señaló la SBS.
Las empresas procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, los juegos y apuestas deportivas a distancia, los abogados y contadores que realicen asesoramiento financiero y/o servicios societarios en nombre de un tercero, JNE, ONPE, entre otros, se consideran sujetos obligados y deberán comunicar a la UIF las operaciones sospechosas que detecten.
El Decreto Legislativo 1249, publicado el 26 de noviembre, fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y refuerza el régimen de los sujetos obligados incorporando nuevos actores, destacó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Asigna además a la UIF la supervisión de: agentes inmobiliarios, agencias de viaje y turismo, establecimientos de hospedaje, empresas mineras y los juegos de loterías y similares, mientras el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tendrá a su cargo la supervisión de los juegos y apuestas deportivas a distancia.
Plazo de 48 horas para resolver
El dispositivo también otorga a la UIF la facultad para pedir a un juez penal de Lima el acceso a las reservas tributaria y bancaria.
Esta solicitud debe ser formulada por la UIF en cada caso que investiga, contando el juez con un plazo de 48 horas para resolverla en forma reservada.
Asimismo, se le otorga la facultad para compartir con la Fiscalía información de inteligencia sobre delitos previos de lavado de activos (secuestro, extorsión, corrupción, entre otros.) que detecte en su investigación.
Tipificación penal
Por otro lado, a fin adecuar la legislación a los estándares de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la norma mejora la tipificación penal sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Así, se incluye el financiamiento del terrorismo como delito precedente de lavado de activos y la figura de los terroristas individuales como pasibles de recibir financiamiento para concretar sus actos delictivos.
Finalmente, se crea un Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del Financiamiento del terrorismo (OCP LA/FT), que es una base centralizada de información de los notarios a nivel nacional, a través del cual se efectuará un análisis de la información notarial de forma integrada, entre otros temas.
Reglamento
La SBS deberá alcanzar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo de 90 días, la propuesta de un nuevo Reglamento de la Ley 27693, Ley que crea la UIF, y dentro de los 120 días calendario a partir de la fecha de su publicación, deberá emitir la regulación sectorial aplicable a los sujetos obligados bajo la supervisión de la UIF.
Cabe precisar que en tanto no se dicte el nuevo reglamento de la Ley 27693 seguirá vigente lo dispuesto en el Decreto Supremo 018-2016-JUS, en lo que resulte aplicable.
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 30/11/2016